"Ninguna buena acción está libre de castigo", Clare Boothe Luce.
El itinerario de una injusticia, de autoría del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega quien, por su participación en la operación del Palacio de Justicia -rescató más de 260 personas- recibió la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, la del Batallón Guardia Presidencial, y en diciembre del 86 fue ascendido a coronel: hace más de un año está privado de la libertad. El libro demuestra, con base en documentos firmados por el funcionario responsable de la oficina que lo emitió, la gran injusticia que se está cometiendo con los militares que en 1985 evitaron un golpe de Estado, con paredón incluido. La obra trae varios análisis, detallados y convincentes, de los errores comprobados en las acusaciones que se le hacen al coronel Plazas, por ejemplo, en el caso de María del Pilar Guarín, a quien su hermano René, hoy, 25 años más tarde, reconoce en una persona al hombro de un soldado, a la que solo se le ven las nalgas. Voy a limitarme a un aspecto: la llamada "diplomacia paralela" que tan profundo daño nos ha hecho.
El 23 de mayo de 1990 César Gaviria Trujillo, como presidente electo, ordena el retiro de los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Nelson Mejía Henao; en agosto nombra a Antonio Navarro Wolf ministro de Salud, quien renuncia cuando lo eligen co-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; lo reemplaza Camilo González Posso, del M19, y posteriormente Carlos De Roux, del M19. Tres días antes de terminar su período -3 de agosto 1994- el presidente Gaviria inicia la 'diplomacia paralela'. Ya había creado -decreto 1381- los cargos de primeros secretarios en cinco embajadas -Bélgica, Reino Unido, España, Francia y Países Bajos- para que reinsertados de la subversión atendieran temas relacionados con ¡Derechos Humanos!; nombró para esos cargos cinco ex guerrilleros: Gustavo Petro, Aníbal Palacio, Vera Grave, Eduardo Chávez y Bernardo Gutiérrez y, en otros cargos diplomáticos, a familiares de guerrilleros, como el hermano de Alfonso Cano. No perdieron el tiempo y lograron infiltrar, a fondo, las ONG europeas, que inician su intervención en nuestros asuntos. En abril de 1995, cuando Plazas Vega era profesor en la Universidad de la Sabana, la Presidencia de la República lo nombró cónsul general en Hamburgo: unas ONG de derechos humanos se opusieron, la prensa publicó la información y el Gobierno revocó el nombramiento. En mayo de 1995 fue nombrado Ministro Consejero encargado de funciones consulares en el consulado general de Colombia en San Francisco -California-; las ONG protestan ante el presidente de EE. UU., a esta decisión soberana de Colombia: El Tiempo presentó la noticia y el gobierno de EE. UU. le negó la visa diplomática al coronel. En diciembre es nombrado Ministro Plenipotenciario en la embajada de Colombia en Sudáfrica, viajó a comienzos del 96, cumplió con sus posesiones ante la Cancillería Colombiana y la embajada en Pretoria; las ONG europeas pidieron al gobierno de Sudáfrica la negativa del beneplácito; Sudáfrica dilató el beneplácito en repetidas ocasiones y, extraoficialmente, dejaron conocer el documento que las ONG les habían mandado: "una colección de calumnias". En 1998 Plazas Vega es candidato a director de la Secretaría de Tránsito de Bogotá: ¡las ONG europeas bloquean su nombramiento!
Ahora, en el juicio contra el coronel -que podría alargarse entre tres y seis meses más-, se estudia la posibilidad de que lo juzgue un tribunal civil, compuesto por personas que nunca han vivido un combate, sin conocimiento vivencial sobre el organismo cuyos jefes se aprestan a juzgar. Este es un momento adecuado para leer esta obra impactante y desalentadora.
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