El año pasado, en Medellín, se detectaron cerca de 1.915 nuevos casos de VIH. Eso es apenas 100 casos más de los que se presentaron cinco años antes, en 2019. Desde el 2012 y hasta ese año previo a la pandemia, las infecciones mostraban un crecimiento constante y preocupante. Por ejemplo, en 2014 se detectaron 810 nuevos casos, mientras que para 2018 la cifra ya era de más del doble.
En Antioquia, por su parte, los casos nuevos vienen en caída en los últimos años: en 2019, fueron 3.073 y el año pasado, 2.831, pasando de una tasa de 46,9 a 41 por cada 100.000 habitantes del departamento.
Sin embargo, el panorama en el resto del país no parece ser tan esperanzador y los nuevos casos no han dejado de aumentar. Por ejemplo, solo entre 2022 y 2023, las personas que se infectaron aumentaron en un 13,55%, por fortuna, ese aumento se frenó en el último año y entre 2023 y 2024 los nuevos casos se mantuvieron prácticamente iguales.
A pesar de esta caída general en el departamento, algunos municipios, además de Medellín, aún presentan tasas de incidencia por encima de la meta establecida para 2024, incluyendo Rionegro, Sabaneta, Bello, Segovia y Tarazá.
Antioquia, de hecho, concentra el 18,06% de los casos prevalentes (personas viviendo con VIH) a nivel nacional y el 18,34% de los casos incidentes nacionales reportados a la Cuenta de Alto Costo (CAC) para el periodo 2024. La mayoría de los casos en el departamento se concentran en los estratos 1, 2 y 3 (94%) y en el grupo de edad de 26 a 35 años.
Pero, ¿qué es lo que han hecho Medellín y Antioquia para mantener estables los casos de VIH en los últimos cinco años mientras que en el resto del país se han duplicado?
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Desde el 2014, a través de las Naciones Unidas se trazó un plan y unas metas para “poner fin a la epidemia del sida”. El plan es el 95-95-95 y significa que se deben diagnosticar al 95% de las personas que viven con VIH, realizar tratamiento antirretroviral –TAR– al 95% de los diagnosticados y lograr la supresión viral en el 95% de estas personas. ¿Va bien la región con esas metas o estamos midiendo mal?
Las autoridades de salud de Medellín y Antioquia atribuyen esta aparente estabilización y descenso de casos nuevos a las acciones de prevención y detección implementadas en el territorio. La Secretaría de Salud de Medellín ha estado trabajando en estrategias de prevención combinada con énfasis en poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas trans, trabajadoras sexuales y quienes se inyectan drogas. Estas estrategias incluyen información, educación y comunicación, así como la realización de pruebas de tamización para VIH, Sífilis y Hepatitis B y la entrega de paquetes de prevención (preservativos y lubricantes). Entre 2018 y 2024, de acuerdo con la Alcaldía se han realizado 150.000 pruebas de tamizaje y entregado 220.000 paquetes de protección. Respecto a la meta que busca que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, el Distrito tiene una estimación del 92%.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia implementa acciones de asesoría técnica en prevención y gestión del riesgo de ITS, distribuye pruebas rápidas y preservativos, y realiza tamización en población vulnerable y general. Además, tienen estrategias específicas como “Aguanta cuidarse”, dirigida a poblaciones que se inyectan drogas y habitantes de calle, y servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
¿Estabilización o subregistro?
A pesar de las cifras que sugieren una estabilización en Medellín y una caída en Antioquia, la interpretación de estos datos requiere cautela. Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia, plantea varias hipótesis sobre por qué las estadísticas podrían no estar capturando la realidad completa de la epidemia local.
Cataño sugiere que la aparente estabilización podría deberse, en parte, a una reducción en la realización de pruebas de detección de VIH, especialmente durante la pandemia. “Con la pandemia todo el mundo se encerró, entonces no se hicieron pruebas”, explica. Dado que la infección por VIH a menudo es asintomática en sus primeras etapas, muchas personas no se perciben en riesgo y no se hacen la prueba, llevando a un posible diagnóstico subestimado.
El infectólogo es crítico con el acceso actual a la detección: “no estamos haciendo suficientes diagnósticos porque acceder a una prueba en una EPS es supremamente complicado”, dice. Considera que “todo en el sistema de salud está más complicado, más difícil el acceso, múltiples barreras”.
Aunque con menos impacto general, Cataño menciona la profilaxis pre-exposición (PrEP) como otra posible variable que podría contribuir a reducir nuevos contagios al ser un medicamento que evita la transmisión. Sin embargo, aclara que el acceso a la PrEP no es generalizado, limitado a ciertas poblaciones con acceso a programas específicos, ya sea por no considerarse en riesgo, desconocimiento, o barreras en el acceso a través de la EPS.
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Un factor conductual preocupante, según Cataño, es que la población ha tendido a ir “normalizando el cuento del VIH”. La efectividad del tratamiento actual, que generalmente implica tomar una pastilla al día, ha llevado a una relajación en las medidas de protección, según el médico. Esta percepción de que el VIH es una enfermedad manejable ha provocado que “muchas poblaciones en particular se han ido relajando con el tema y han continuado con relaciones sexuales múltiples sin protección, lo cual ha facilitado la transmisión y diseminación del virus”.
Cataño es enfático en que quizás la recomendación médica más importante frente al VIH es la realización periódica de la prueba. “Lo ideal es que todas las personas que tengan vida sexual activa sin protección, conozcan su estado serológico frente al VIH”. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento oportunamente, lo que previene el deterioro del sistema inmunológico y la aparición de otras infecciones.
El panorama nacional
El contexto nacional del VIH, reflejado en el más reciente informe de la Cuenta de Alto Costo (CAC) para el periodo 2024 (febrero 2023 - enero 2024), presenta desafíos que validan algunas de las preocupaciones planteadas por el médico Cataño sobre las dificultades del sistema.
A nivel país, la CAC reportó 185.954 casos prevalentes de VIH, un aumento del 12,42% respecto al periodo anterior. Si bien la CAC explica que esta dinámica refleja un aumento en la captación de casos y revierte la disminución observada desde 2019 (atribuida a los efectos de la pandemia), las proyecciones de ONUSIDA para Colombia en 2023 (cerca de 230.000 PVV) sugieren que un número significativo de personas vive con VIH sin haber sido diagnosticadas.
El perfil nacional del VIH muestra que afecta principalmente a hombres adultos jóvenes, con una alta concentración en poblaciones clave como los hombres homosexuales (51,98% de casos incidentes). Las principales razones para realizar la prueba de detección a nivel nacional siguen siendo la sospecha clínica y la solicitud directa de la persona. La mediana del tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento fue de 27 días a nivel nacional.
Los datos de la CAC revelan brechas importantes en la cascada de atención a nivel nacional. La cobertura de la Terapia Antirretroviral (TAR) a nivel nacional se mantuvo en un bajo cumplimiento (80,38%) y, de hecho, disminuyó respecto al periodo anterior (83,49% en 2023).
Una de las razones para el relativo bajo acceso al tratamiento es su elevado costo. En ese sentido, la Universidad de Antioquia firmó en 2024 un acuerdo con el Gobierno Nacional para producir el fármaco genérico del Dolutegravir, el medicamento de primera línea recomendado para el tratamiento del VIH. La UdeA cuenta con el único laboratorio farmacéutico público certificado en Colombia y busca producir este medicamento a un costo significativamente menor (cercano a $200.000 anuales por paciente, frente a los $5.000.000 anuales que puede costar el tratamiento importado).
