Cuando los medios divulgaron que el Consejo de Estado había tumbado la inhabilidad de doce años para ejercer cargos públicos que la Procuraduría le había impuesto al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, Alejandro Ordóñez dijo que había que acatar el fallo sin "dramatismos", pero dos días después le pidió al Consejo la nulidad del fallo.
Según el Ministerio Público, esa corporación no tenía competencia como juez disciplinario para modificar la sanción, que pasó de destitución e inhabilidad a una simple amonestación.
Salazar se refirió al caso en su cuenta de Twitter, donde recordó las contradicciones de Ordóñez: "El Procurador pide que sanción que me impuso quede firme. Hace poco dijo que acataba fallo sin dramatismo", para lo que, en otro trino, agregó: "Quiere desvalorizar el sistema de justicia de Colombia. Si su criterio se impone, solo queda la jurisdicción internacional".
Esto indica que, en caso de que el Consejo de Estado reversara la decisión, Salazar tomaría las medidas que hizo conocidas el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aunque emitió a su favor medidas cautelares, estas no fueron acogidas por el presidente Juan Manuel Santos.
En la red social, Alonso Salazar siguió con su crítica a Alejandro Ordóñez: "El Procurador ha incumplido la Constitución y la Ley, ahora quiere desconocer las cortes".
Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, explicó que "hay una discusión eterna sobre este tema de una alta corte como juez. La Procuraduría impone una medida disciplinaria y al imponerla el afectado puede acudir ante la jurisdicción. Y se supone que, según la Procuraduría, el juez lo único que puede hacer es decir si esa decisión fue nula o no. Sin embargo, la ley 1437 de 2011, el nuevo código de procedimiento administrativo, permite que el juez, al momento de declarar la nulidad de un acto legislativo, restablezca el derecho del afectado y, en este caso, significa que el juez puede revisar y establecer la sanción que desde su punto de vista se debió imponer desde un principio".
Álvarez destacó que el Consejo de Estado se va a sostener en su decisión, "eso ya es una doctrina del Consejo, además porque sí tienen esa competencia, contrario a lo que dice el Procurador".
El Consejo de Estado modificó la sanción proferida a Salazar por estimar que el manejo que dio a unas denuncias de probables irregularidades en la contienda electoral del 2011 en Medellín, que hizo en El Colombiano y en su cuenta en Twitter, fue "imprudente", más no un hecho que se pueda catalogar como participación en política o favorecimiento de una colectividad en específico
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