El Gobierno nacional promueve activamente un programa de restitución de tierras. Algunos comentaristas llaman a la guerra, alertan sobre una "nueva violencia" y manifiestan que el estado de la economía rural es fruto del trámite del proyecto de ley para facilitar la restitución. Tristes intenciones las que acompañan a estos opositores, pero sirven de llamado para que el Gobierno ponga en marcha una estrategia integral de protección que acompañe sus promesas de restitución.
La oposición a la restitución de tierras no apareció con el trámite del proyecto de ley; existe de manera subrepticia desde que inició el despojo. Recordemos que el desplazamiento está revestido de intencionalidad y, para proceder exitosamente en la restitución de tierras, es necesario elucidar las causas de los desplazamientos y develar los intereses (notorios y ocultos) que los generaron. Solo de esa manera será posible ofrecer garantías de no repetición.
La investigación penal de los cientos de miles de hechos de desplazamiento no produce resultados satisfactorios. Un manojo de condenas han sido alcanzadas. Estas explican la mecánica de hechos aislados de desplazamiento, pero no tocan los intereses ni a las personas que determinaron el despojo. Sería importante adelantar una mega causa que permitiera determinar las razones y los aparatos de poder que están detrás de los desplazamientos que tuvieron el efecto, a través del tiempo, de vaciar zonas enteras y cambiar la estructura demográfica de algunas regiones del país, por ejemplo, en el caso de los desplazamientos acontecidos durante los últimos 15 años en el noroccidente de Antioquia, el Urabá y el norte del Chocó.
En segundo lugar, la política de restitución debe ir acompañada de una agenda integral de protección que asegure la protección física de los líderes que reivindican su derecho a retornar o adelantan procesos de restitución. Según un análisis realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Colombia, entre 2007 y marzo de 2010, alrededor de un centenar de personas han sido asesinadas en el marco de procesos ligados a la recuperación de tierras, con una concentración marcada en los departamentos de Córdoba y Sucre, y en la región de Urabá.
Después del corte señalado, la muerte continúa extinguiendo la promesa de restitución. Por ejemplo, el 20 de mayo de 2010 fue asesinado Rogelio Martínez, líder campesino que encabezó desde 2007 un proceso de retorno a la finca "La Alemania" en San Onofre, Sucre, después de que en 2001 centenares de personas fueran desplazadas por fuerzas paramilitares. El 23 de mayo de 2010 fue ejecutado, en el Cauca, Alexánder Quintero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya y defensor de los derechos de las víctimas de los homicidios y el desplazamiento perpetrados en 2001. Hace pocos días, aconteció otra muerte anunciada: fue asesinado a finales de noviembre de 2010 Óscar Maussa, líder de la comunidad de Blanquicet, quien tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mausa, además, era interviniente en un proceso penal que había generó una orden de restitución de su finca cooperativa "La Esperanza". Estas muertes realzan la necesidad de generar políticas de protección que garanticen la vida de las personas involucradas en procesos de restitución.
La existencia de condiciones adversas no puede implicar parálisis de la acción estatal tendiente a la restitución, pero las promesas loables tampoco harán desaparecer las fuentes de riesgo. Lo responsable es analizar los factores de riesgo, darlos a conocer, y establecer rutas de acción viables y estratégicamente dirigidas a conseguir la mayor protección de los derechos de las personas desplazadas.
Un análisis profundo de las dinámicas en las zonas que se tienen identificadas para la restitución aconsejaría no abandonar las medidas de protección y avanzar con mucha cautela en la restitución. En este momento y bajo estas circunstancias, la protección de predios y bienes es tan importante como su restitución.
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