El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, volvió a encender las alarmas sobre el futuro de la reforma pensional, una de las banderas políticas más importantes del Gobierno de Gustavo Petro.
En una ponencia de 83 páginas, el magistrado presentó un nuevo proyecto de decisión en el que propone declarar inconstitucional la ley en su totalidad, al considerar que el Congreso no corrigió los vicios de trámite detectados en la primera revisión del alto tribunal.
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Según fuentes del alto tribunal, como lo reveló La Silla Vacía y confirmó El Tiempo, se trata de un borrador de ponencia que aún debe ser discutido en la Sala Plena.
Durante ese debate, los demás magistrados podrán introducir ajustes para evitar que la propuesta de Ibáñez sea derrotada, como ya ocurrió en la primera revisión.
En ese momento, el tribunal optó por una decisión “salomónica”: devolver el proyecto al Congreso para que corrigiera los errores en el trámite legislativo.
La nueva ponencia insiste en que las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes del 27 y 28 de junio de 2025 no corrigieron los errores formales que llevaron a la devolución del proyecto.
Ibáñez asegura que los vicios de trámite persisten y que, por tanto, toda la ley debe ser declarada inválida. En sus palabras, “si la convocatoria del Presidente al Congreso de la República para llevar a cabo sesiones extraordinarias incumple con alguno de los requisitos establecidos, los actos que en dichas sesiones se produzcan carecerán de validez”.
La advertencia apunta directamente al artículo 149 de la Constitución, que determina que cualquier acto legislativo realizado sin cumplir los requisitos formales es nulo de pleno derecho.
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Errores en la convocatoria y fallas en el quórum legislativo
Uno de los principales señalamientos del magistrado Ibáñez recae sobre la convocatoria presidencial que permitió las sesiones extraordinarias en las que se aprobó la reforma. El problema, según su análisis, radica en que entre la expedición del decreto de convocatoria y el inicio de la sesión plenaria solo pasaron cinco horas, cuando la Ley Quinta de 1992 establece que los congresistas deben ser citados con un mínimo de tres días naturales de antelación.
Este plazo tiene una razón de fondo, garantizar que los legisladores puedan prepararse y analizar a fondo los proyectos antes del debate. En este caso, esa garantía, dice Ibáñez, fue desconocida.
El segundo cuestionamiento es aún más grave, el quórum con el que se aprobó el orden del día en la sesión del 27 de junio no era suficiente. De acuerdo con el acta publicada en la Gaceta del Congreso 1168 de 2025, a las 9:00 p. m. había 62 representantes registrados, número suficiente para deliberar, pero no para decidir, pues la aprobación del orden del día requiere quórum decisorio, es decir, la mayoría simple de los miembros de la corporación.
“Permitir que decisiones sean adoptadas sin el quórum exigido constitucionalmente equivale a aceptar que una minoría del órgano legislativo pueda imponer su voluntad sobre el conjunto de la representación nacional”, advierte Ibáñez en su documento.
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El punto más delicado: la sesión del 28 de junio
El núcleo del problema, sin embargo, está en la sesión del 28 de junio de 2025, cuando se debatió la ponencia de la representante María del Mar Pizarro, que acogía el texto aprobado previamente por el Senado.
De acuerdo con el magistrado, la plenaria no cumplió con lo ordenado por el Auto 841, mediante el cual la Corte había devuelto la norma al Congreso para subsanar los vicios de trámite detectados. En su lectura, el Congreso no discutió ni votó de nuevo la proposición sustitutiva como debía hacerlo.
“El Auto 841 no se limitó a ordenar un acto procesal puntual”, explica Ibáñez. “La orden tuvo un alcance mucho más amplio, pues exigía una nueva deliberación y votación completa del articulado para garantizar el cumplimiento del principio democrático”.
En otras palabras, el magistrado sostiene que la Cámara no rehizo el debate como lo exigía la Corte, sino que repitió un trámite sin corregir los errores de origen.
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Reacciones a la ponencia de Ibáñez para tumbar la reforma pensional
Una de las primeras reacciones fue del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostuvo que la ponencia del magistrado Ibáñez para declarar inexequible la reforma pensional es a todas luces un intento de “golpe de Estado”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó con dureza a la nueva ponencia, que propone tumbar la reforma pensional. “El magistrado Ibáñez es experto en negar derechos, y hoy vuelve a la carga con una decisión que pretende arrebatárselos a millones de nuestros abuelos y abuelas”, afirmó el jefe de la cartera laboral.
Según Sanguino, el documento conocido este jueves constituye “un atentado contra la dignidad y los derechos del pueblo trabajador”, y acusó al magistrado de “manchar a la Corte Constitucional, que debería ser garante de justicia y no instrumento de la desigualdad”, al buscar —según dijo— “condenar a 3,1 millones de adultos mayores a la pobreza y al olvido”.
Recusación contra el magistrado Héctor Carvajal
Mientras la ponencia de Ibáñez avanza hacia discusión en Sala Plena, su despacho también redacta un auto para resolver el incidente de recusación presentado contra el magistrado Héctor Carvajal.
La demanda, interpuesta por la senadora Paloma Valencia, argumenta que Carvajal debería apartarse del caso por haber suscrito dos contratos con Colpensiones, la entidad estatal directamente involucrada en la reforma.
Los contratos, según la denuncia, lo habrían comprometido al emitir conceptos jurídicos sobre la iniciativa del Gobierno, lo que podría inhabilitarlo para votar.
El manejo de este incidente será clave, pues podría modificar la composición de los votos dentro del tribunal en una decisión que, de aprobarse, hundiría la reforma pensional por segunda vez.
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