A Sigifredo Sierra durante la Violencia Partidista le mataron a su padre, a su abuelo y a sus tíos. Era 1952 y la confrontación entre campesinos liberales y conservadores en Salgar pasaba por su mayor intensidad.
En las noches de agosto, decenas de labriegos liberales eran retenidos en sus parcelas y llevados a la cárcel municipal. De madrugada, por orden del alcalde Ramón Díaz, los policías y los "Pájaros" ataban a los presos. Con las bayonetas y los palos los golpeaban. Y al alba sacaban un grupo de 40 detenidos y los montaban en una volqueta con la promesa de llevarlos a la cárcel de La Ladera, en Medellín.
Pero en el camino a Bolombolo, en un sitio conocido como el Jagual (donde desemboca el río San Juan en el Cauca), los conservadores radicales detenían la volqueta.
Allí repetían la rutina de golpizas a cada uno de los presos y terminaban su faena cortándoles la cabeza y tirando los cadáveres al río Cauca.
Esa misma suerte corrieron Miguel Ángel Sierra (padre de Sigifredo), su abuelo Julián y sus tíos Juan Bautista y José.
Han pasado 58 años y Sigifredo y sus hermanos no volvieron a saber de su padre. "Nunca llegué a hacer nada, ni reclamar, ni exigir justicia, ni vengarme, porque desgraciadamente no fui capaz. Me tocó morirme envenenado", recuerda Sigifredo, a sus 73 años.
De igual manera ocurrió con los familiares de las 200 mil personas asesinadas y desaparecidas durante la Violencia Partidista (1948-1953). Así lo estableció la comisión investigadora de las causas de la Violencia, integrada por Otto Morales Benítez, Orlando Fals Borda y el sacerdote Germán Guzmán.
Pero nunca se supo qué pasó con los desaparecidos, quiénes instigaron desde los poderes regionales las masacres en el Valle del Cauca, en el Meta, en Boyacá y en Santander. Tampoco en el Magdalena Medio, el Urabá y el Suroeste antioqueño.
Bajo ese estado de indolencia, más de 450 mil campesinos (liberales y conservadores) migraron a Medellín dejando atrás tierras arrasadas, según el historiador José Luis Romero. Labriegos que intentaron escapar de la muerte que acechaba en los campos.
Tiempos de memoria
El conflicto armado prevalece pero los tiempos de amnistías, de leyes de perdón y olvido para los victimarios pasaron a la historia. Nunca antes las víctimas de un conflicto de más de 40 años habían tenido tanta importancia. Sin la reconstrucción de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación integral no es posible hoy en día pensar en procesos de paz con los grupos armados.
Por eso el Estado colombiano se puso en sintonía con las exigencias de la justicia internacional. Recientemente el presidente Juan Manuel Santos le presentó al Congreso de la República el nuevo proyecto de Ley de Víctimas. "Si solo se aprueba esta ley habrá valido la pena ser Presidente", dijo Santos, en septiembre pasado.
Pero de aprobarse la Ley solo serían reparadas las víctimas de la guerrilla, de las autodefensas y del Estado, de los últimos 20 años.
Por eso diversos analistas e investigadores del conflicto armado sugieren la importancia de adelantar procesos de memoria sobre la Violencia Partidista de los años 50.
"Bien haría Colombia en retomar lo que hizo la Comisión de la Verdad durante esos años. Y plantear que la restitución pasa por un tema de justicia respecto de los crímenes del pasado", expresó Javier Ciurlizza, director del programa para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj).
Durante los procesos de perdón con las guerrillas liberales y los "Pájaros" en la Violencia, el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación pasó a un segundo plano. Como ocurrió entre 1989 y 1993 con las desmovilizaciones del M-19, el EPL, el ERP, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista.
Ante la dificultad de realizar procesos de memoria y de justicia con las víctimas de hace más de 30 años, Gonzalo Sánchez, miembro de la Comisión Nacional de Reparación (Cnrr), propuso realizar reparaciones simbólicas. "Hay una deuda histórica con las víctimas de los años 50. Es una situación sumamente compleja, porque las violencias de ahora y sus víctimas tienen que ver con ese conflicto", explicó Sánchez.
Por eso, el nuevo proyecto de Ley de Víctimas establece un gran interrogante para el Estado, los analistas y los mismos afectados, ¿cuándo habrá procesos de memoria y de reparación para quienes padecieron la Violencia Partidista?
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