Uruguay habla de soberanía; Philip Morris, sobre los millones de dólares que está dejando de recibir por una determinación de este país, el primero en Latino América en impulsar el Convenio Marco contra el consumo de tabaco.
El enfrentamiento arrancó durante la presidencia del oncólogo Tabaré Vásquez y a principios de este mes tuvo su más reciente episodio, cuando el Estado uruguayo presentó las cartas con las que hará frente a la multimillonaria demanda que la tabacalera instauró ante el Banco Mundial.
El as bajo la manga está marcado con la pinta "soberanía". "Con sus leyes antitabaco, el país no ataca las inversiones de Philip Morris, sólo impone límites a una actividad que es promover y comercializar productos nocivos", afirmó Paul Reichler, abogado estadounidense en cabeza de la defensa del país suramericano.
¿Por qué la tabacalera más poderosa del mundo -la cual vende uno de cada cuatro cigarrillos que se encienden en el mundo por fuera de los Estados Unidos y China- demandaría a un gobierno mientras la tendencia global es adoptar legislaciones similares?
Para el gobierno uruguayo y Diego Cánepa, prosecretario de la presidencia, la respuesta es inequívoca. La intención de Philip Morris, asegura Cánepa, es "mandar un mensaje muy fuerte al mundo" de que está dispuesto a combatir "los avances en la protección de la salud que generen distorsiones en su capacidad de venta".
"Ya hay muchos países esperando a ver qué pasa con esto para desarrollar sus políticas antitabaco. Por eso esta es una pelea importante para el mundo", añadió.
No smoking
"Las tabacaleras son cada vez más multinacionales: la lógica que aplican en un país la aplican a otros", considera Carlos Ignacio Cuervo, exviceministro de salud del Ministerio de Protección Social.
"A mí no me sorprendería que quisieron replicarlo aquí. Eso está latente", remata.
Como uno de los principales promotores de la Ley Antitabaco aprobada en 2009, Cuervo recuerda que antes de esta legislación, 23 iniciativas de ley que pretendían restringir el consumo del tabaco naufragaron en el Congreso. "Ninguna había pasado por el lobby que las tabacaleras hacían", afirma.
Muchos de los fumadores pasivos tal vez concuerden con la opinión de este exviceministro, para quien la Ley Antitabaco es "la medida de salud pública más importante de los últimos 25 años".
Tras la demanda contra el Gobierno de José Mujica -a quien sus carceleros de su época como tupamaro mortificaban quitándole el cigarrillo-, hay quienes le aconsejan al Estado colombiano estar atento. "Colombia se debe preparar para ese evento. Esta medidas las aplican en diferentes países como una manera de atemorizar a otros", dice Cuervo.
Cómo vamos
Para Jaime Londoño, experto en la materia de la Asociación de Lucha contra el Cáncer (Medicáncer), los efectos de la Ley Antitabaco en el perfil epidemiológico nacional están por verse.
No tanto porque la ley carezca de dientes, sino porque la apuesta para mejorar indicadores de salud afectados por el tabaco es a largo plazo. "Si las campañas se cumplen, si las actividades de promoción dan el buen resultado esperado, los índices de morbilidad y muerte se reducirían con respecto a los riesgos cardiovasculares y cáncer", asegura Londoño.
Lo que sí es evidente es un cambio en cuanto a la percepción que la población tiene ahora del tabaco. "Hay una mayor sensibilidad en el medio", afirma.
De igual forma piensa Carlos Ignacio Cuervo: "La ley ha tenido cumplimiento pero no por la acción de las autoridades sino por la legitimidad de la medida. El 93 por ciento de la gente dice que es una excelente medida y el 85 por ciento de los fumadores, aun siéndolo, reconoce que la medida es muy buena".
A futuro, estima Jaime Londoño, es imprescindible ampliar la ley que en julio cumplirá dos años. Entonces vencerá el plazo que se estableció para que desaparecieran la publicidad protabaco en medios y la venta al menudeo. "Falta que en los colegios se institucionalice la cátedra sobre el consumo de cigarrillo como factor de riesgo psicosocial", sostiene Londoño.
EL COLOMBIANO buscó la opinión de Philip Morris y le preguntó a sus representantes en Colombia si tenían pensado adelantar en el país acciones legales similares a las tomadas contra Uruguay, pero no fue posible obtener la respuesta oficial de la multinacional para el cierre de esta edición.
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