Alas 1.260 víctimas del Fondo Premium Capital ya no les basta recuperar los 330.000 millones de pesos que allí invirtieron. Ahora quieren que les reparen los daños, que les cancelen hasta el último peso por concepto de intereses y que vayan a la cárcel los principales presuntos responsables de esta defraudación, o sea Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate y Víctor Maldonado Rodríguez.
Estos personajes presentaron tres propuestas -por valor conjunto de 55.998 millones de pesos- con las que pretendían compensar a los damnificados y, de paso, quitarse de encima la acción penal, representada en seis delitos que les ha imputado la Fiscalía General de la Nación.
Esa intención se les frustró, y por partida doble. Primero, porque para la aprobación de ese plan de desmonte se requería la presencia del 75 por ciento de los inversionistas, y a la asamblea realizada ayer, en Bogotá, solo asistió o se hizo representar el 59,55 por ciento. Y, segundo, porque de los 635 que sí asistieron al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, el 99 por ciento le dio un rotundo no a las intenciones de reparación de Jaramillo, Ortíz y Maldonado.
El primero que dio la puntada para esa negativa fue Sergio Rodríguez Azuero, quien como apoderado de un grupo de inversores recordó que las víctimas tienen derecho a ser reparadas en su totalidad, o sea con capital e intereses, lo cual no se lograba con la propuesta que les pusieron sobre la mesa. En su concepto, lo planteado por Ortiz, Jaramillo y Maldonado era aterrador, pues no equivalía ni al 6 por ciento del valor de Premium. Como caso particular destacó el plan de Víctor Maldonado, quien -según lo anticipó El Colombiano- ofreció entregar su cadena de restaurantes Archie"s, valorada entre 38.300 y 50.000 millones de pesos, para cubrir obligaciones que el interventor de Premium estima en 70.000 millones. Como quien dice, a las víctimas no les paga intereses y pide que a él le perdonen la tasa de mora a la que debe liquidar sus deudas.
"Todos deben pagar prisión", dijo Guillermo Valdivieso. "Que no se les dé casa por cárcel, porque si eso ocurre, entonces habría que sacar de la cárcel a todos los prisioneros y darles el mismo beneficio".
El abogado Juan Diego Vélez Maya, expresó que el camino a seguir es la liquidación judicial de bienes embargados y tasados en más de 253.000 millones de pesos. "Yo, añadió, tengo furia con ellos. No puede ser que Tomás Jaramillo ofrezca 4.000 millones, frente a una captación ilegal, que con intereses del 4 por ciento, pasa de 353.000 millones de pesos".
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