Con el argumento de que aprobar la Reforma Política sin el consenso de todos los partidos significaría “un atentado a la democracia”, la colectividad Liberal le propuso al gobierno un acuerdo para acompañar el proyecto que está siendo debatido en la plenaria del Senado.
Para el mayor partido de oposición, la Reforma Política, tal como está planteada, no sanciona la ‘parapolítica’ y le entrega facultades al gobierno para adoptar disposiciones en las próximas elecciones de 2010.
El acuerdo planteado por la bancada liberal al Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, gira en cuatro puntos:
El primero, eliminar todas las facultades que la reforma le concede al Gobierno nacional para expedir normas transitorias con miras a las elecciones de 2010. Según Juan Fernando Cristo, “no es razonable” que un gobierno expida normas para esas elecciones sin saber todavía si el presidente de la República va a ser candidato.
Como segundo punto, eliminar el parágrafo transitorio que señala que la ‘silla vacía’ solo se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de junio de 2009, fecha en que se aprobaría la reforma política. “Eso es tomarle el pelo a lo que aquí tratamos de impulsar el semestre pasado, de aplicar la silla vacía de manera inmediata”, dijo Cristo.
El tercer punto que plantearon los liberales a Valencia Cossio, es aumentar el umbral para la representación de los partidos políticos en el Congreso. La Reforma hoy establece que es del 3 por ciento de la votación total de las elecciones. Los liberales han insistido en el 5 por ciento, pero le propusieron al gobierno establecerlo en el 4 por ciento “si el propósito es en realidad fortalecer los partidos políticos”, señaló Cristo.
El último punto de la propuesta consiste en mantener la forma de elección del Registrador Nacional. Hoy, este funcionario lo elige las altas cortes a través de un concurso de méritos. La reforma Política propone que sea el Congreso el que lo elija.
Reforma sin efectos
La propuesta liberal surgió después que el senador Héctor Helí Rojas advirtiera que, a última hora, fueron incluidos en la ponencia dos parágrafos transitorios que, a su juicio, dejarían sin efecto los principales alcances de la reforma política.
Para Rojas, al artículo que elimina las suplencias en el Congreso se le incluyó un parágrafo transitorio que establece que el régimen de reemplazos especificado en esta Reforma Política “se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo”.
Según el senador liberal, esta “cláusula” dejaría sin efecto la ‘silla vacía’ y de ella se beneficiarían los congresistas que hoy ocupan una curul para suplir el vacío que dejó un senador detenido por las autoridades judiciales.
Por eso, Rojas revivió el fantasma de los impedimentos y volvió a amenazar con recusar a aquellos “suplentes” que no se declaren impedidos para aprobar el proyecto.
El otro parágrafo que encendió la polémica es el que se incluyó en el nuevo régimen de inhabilidades que contempla la Reforma Política, y que impide postular a cargos de elección popular, ciudadanos que sean condenados por pertenecer o promover grupos al margen de la ley o vinculados con delitos de narcotráfico.
Sin embargo, según denunció Héctor Helí Rojas, a última hora la ponencia del proyecto incluyó que la inhabilidad general que contempla la Reforma Política no aplicará a quienes por pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, sean o hayan sido condenados por delitos políticos.
Para Rojas, este artículo habilitaría a aquellos guerrilleros o paramilitares que sólo sean condenados por los delitos de rebelión o sedición, respectivamente. “Este parágrafo solo busca habilitar al paramilitarismo para que pueda volver a infiltrarse en el Congreso”, dijo el senador.
