Tras cumplirse el periodo de ocho años que la Ley de Justicia y Paz proponía como pena alternativa para los desmovilizados de las Auc, en el país se ha suscitado la polémica por una eventual avalancha de excombatientes que saldrán de prisión.
Se trata de 4.163 exparamilitares que se postularon a los beneficios de aquella ley, y aunque a la gran mayoría no los han condenado, ya pagaron el tiempo acordado tras las rejas y emplearían recursos jurídicos para que les sustituyan la actual medida de aseguramiento por otras que no restrinjan su movilidad.
El vicefiscal General, Jorge Perdomo, salió al paso de los temores y anunció que los exparamilitares "no tendrán un derecho automático a quedar en libertad, lo que tienen es una expectativa de libertad en la medida que hayan cumplido con los requisitos que establecieron las leyes de desmovilización".
Esto implica que, según el funcionario, el ente acusador entrará a revisar cada expediente para determinar "si esas personas colaboraron con la justicia y cumplieron con los compromisos que adquirieron al momento de su desmovilización".
Dicha promesa era contribuir con la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo la entrega de los bienes adquiridos de forma fraudulenta.
"Habrá que analizar cada caso en concreto, de los miles de reclusos que están en las cárceles en este momento, postulados a Justicia y Paz, para saber si contribuyeron a la verdad o le hicieron conejo a la justicia", remató Perdomo.
Entre los cabecillas paramilitares que podrían salir en los próximos meses, están Fredy Rendón Herrera ("el Alemán), Ramón Isaza ("el Viejo"), Jesús Roldán ("Monoleche") e Iván Duque ("Ernesto Báez").
Otros comandantes perdieron esa oportunidad, pues pese a que se postularon al principio, la Fiscalía los expulsó después por considerar que siguieron delinquiendo o se colaron al proceso de Ralito.
Es el caso de Daniel Rendón Herrera ("don Mario"), condenado a 33 años de prisión en la justicia ordinaria, y Francisco Zuluaga ("Gordolindo"), quien paga una pena de 21 años por narcotráfico en los Estados Unidos.
A la fecha, solo se han proferido 19 condenas contra postulados de las Auc, por lo que muchos estuvieron los ocho años detenidos (la desmovilización fue entre 2003 y 2006) y saldrán sin siquiera una sentencia.
"Para algunos habrá detención domiciliaria y otros tendrán que presentarse periódicamente", señaló un investigador de Justicia y Paz, que solicita la reserva de su nombre.
Frente a la polémica, el abogado Michel Pineda, quien ha sido asesor jurídico de varios de ellos, opinó: "No podemos olvidar que se trata de seres humanos que se desmovilizaron, con unas garantías, muchas de las cuales no se cumplieron. Y el Estado no puede quedar como que incumple los acuerdos de paz, sobre todo pensando en lo que está pasando ahora en La Habana".
Agregó que "esperamos que el Estado les dé las garantías y la posibilidad a quienes sí cumplieron con el proceso de Justicia y Paz".
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