Una investigación periodística y la denuncia de estudiantes destapó un presunto entramado de fraude académico al interior de la Universidad de Sucre (Unisucre), donde un grupo de docentes habría manipulado el sistema de remuneración basado en productividad para elevar sus ingresos mensuales a cifras superiores a los 90 millones de pesos mensuales.
El caso, ya en manos de la Procuraduría y la Contraloría, ha desatado una crisis institucional sin precedentes, con protestas estudiantiles y sesiones extraordinarias del Consejo Superior.
¿Cómo funciona el sistema de puntos y cómo habría sido manipulado? De acuerdo con las denuncias reveladas por el periódico El Meridiano de Córdoba, el esquema salarial en cuestión se fundamenta en el Decreto 1279 de 2002, norma que regula la asignación de salarios para docentes de universidades públicas en Colombia.
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Bajo este modelo, los profesores acumulan puntos por productividad académica —como publicaciones, investigaciones y producción intelectual—, los cuales se traducen en incrementos salariales.
Sin embargo, según auditorías internas y denuncias conocidas, este sistema habría sido distorsionado en Unisucre mediante cuatro prácticas principales.
La Contraloría, sede Sucre, ya abrió una actuación especial de fiscalización para determinar si hubo daño al erario, lo mismo ya ha hecho la Procuraduría, que recibió el expediente disciplinario con evidencias de posibles irregularidades.
Ambas entidades buscan establecer si los puntos salariales fueron obtenidos legalmente o mediante fraude, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias, fiscales e incluso penales. Frente a esto, la comunidad estudiantil ha reaccionado con paros y protestas dentro de la Universidad de Sucre, por ejemplo, y denuncias públicas con exigencias de transparencia.
La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, convocó sesiones extraordinarias del Consejo Superior Universitario, incluyendo una reunión a puerta cerrada cumplida este martes para evaluar medidas frente a la crisis.
Cinco claves para entender este escándalo.
Carrusel de coautorías
Docentes se incluyen como coautores en artículos sin que exista una contribución real de los firmantes. Esto permite, según las denuncias, que un solo trabajo generara beneficios salariales para múltiples personas. El proceso de revisión por pares —clave para garantizar calidad científica— habría sido reducido a un trámite formal sin rigor, que facilitó la aprobación masiva de artículos. Se identificó la publicación sistemática en revistas de bajo nivel académico, algunas con sede en Reino Unido, que cobran entre 450 y 600 dólares por publicar sin controles. Estas plataformas funcionaban como “soporte documental” para reclamar puntos. Se indaga la apropiación de trabajos estudiantiles presuntamente adaptados por docentes para convertirlos en artículos firmados por ellos.
Docentes señalados
La investigación apunta a varios profesores cuyos ingresos crecieron de manera exponencial entre 2023 y 2025. Alexander Pérez Cordero, habría pasado de $60 millones a $93 millones mensuales; Donicer Eduardo Montes Vergara de $58 millones a $91 millones; William Niebles Núñez de $29 millones a más de $90 millones; León Arango Buelvas (directivo sindical de ASPU) de $12,9 millones en 2021 a $61,6 millones en 2025. Un solo docente habría presentado 76 artículos en dos años, de los cuales 69 tienen alertas.
Alertas de plagio con IA
Los informes advierten un patrón sistemático de anomalías, como el plagio y duplicidad de textos mediante el uso intensivo de inteligencia artificial, sin controles académicos. Además, las investigaciones apuntan a una producción masiva difícil de justificar bajo estándares científicos normales. Este comportamiento, según ha denunciado El Meridiano, ha llevado a que indicadores internacionales clasifiquen el riesgo académico de la Universidad de Sucre como “significativo”.
¿Sindicato corrupto?
El escándalo también salpica al sindicato docente ASPU, debido a la implicación de uno de sus directivos, León Arango Buelvas. Su incremento salarial y volumen de publicaciones con alertas lo ubican entre los principales beneficiarios del sistema cuestionado, lo que sugiere que la red no se limitaría a investigadores individuales, sino que alcanzaría espacios de representación gremial.
¿Qué sigue?
Por ahora, no hay sanciones definitivas. El futuro de los salarios ya pagados dependerá de las decisiones de la Contraloría y la Procuraduría, que deberán determinar si existió un daño patrimonial y si procede la recuperación de recursos. Lo cierto es que el caso del “cartel de los puntos”, que recién inicia en investigaciones, ha puesto en evidencia fallas estructurales en el sistema de evaluación académica y ha abierto un debate nacional sobre los incentivos en la educación superior pública, de acuerdo con fuentes consultadas en la Universidad de Sucre.
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