Tras la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, entidad que prestaba los servicios a 26 mil cotizantes y 230 mil pensionados, la fiduciaria La Previsora S.A. y el Instituto de Seguros Sociales tendrán a su cargo los usuarios de la liquidada entidad.
Según dijo a Colprensa el presidente de Fiduprevisora S.A., Juan José Lalinde, la fiduciaria apoyará en la parte logística al agente liquidador que designe el Gobierno Nacional.
"Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es revisar los cerca de 35 mil expedientes que se encuentran represados, para reconocer los actos administrativos de las pensiones", dijo Lalinde.
Agregó que los 230 mil pensionados quedarán a cargo de la Fiduciaria mediante un patrimonio autónomo constituido por el Gobierno.
Según el presidente de Fiduprevisora, el Seguro Social acogerá a los cerca de 26 mil cotizantes para que sigan su proceso de cotización en esa entidad.
También indicó que las más de 45 mil solicitudes represadas serán estudiadas lo más pronto posible para su pronta respuesta.
Los empleadores seguirán entregando sus aportes a Cajanal durante el mes de junio y a partir de julio se realizarán al Instituto de los Seguros Sociales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, Pila, tal como se viene realizando.
La suerte de los empleados de Cajanal, según el presidente de Fiduprevisora, quedará en manos del agente interventor que designe el Gobierno.
"El de los trabajadores es un tema que lo va a manejar directamente el liquidador, él será quien tenga instrucciones precisas sobre la suerte de ellos", explicó.
Los motivos
Según el Ministerio de la Protección Social, "la desorganización e ineficiencia generaron espacios de corrupción que afectaron la prestación del servicio de los afiliados y a los futuros pensionados, además de una gran represa de solicitudes, todos estos factores llevaron al cierre definitivo de Cajanal".
El Ministerio reportó que el análisis de la gestión administrativa de Cajanal, permitió identificar una serie de factores críticos, entre otros, altos niveles de corrupción, desorganización, ineficiencias administrativas y de control, con un represamiento cercano a 50.000 solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas y pensiones.
Lo anterior obedeció a que la entidad no pudo superar los obstáculos de corrupción y desorganización para el cumplimiento de los estándares de calidad que requieren los afiliados y pensionados.
