Sería conveniente que algunos columnistas que desde el altiplano se atreven a calificar las ahora denominadas Autopistas para la Prosperidad como “carreteras de marcado tinte regional con fines políticos y no técnicos” o que “ante la ausencia de una política nacional de infraestructura de carreteras no se puede departamentalizar el país”, y que se trata de “un curioso modelo nacional de planeación vial con redes regionales aisladas”, etc., etc., deberían, antes de proferir tamañas falacias, visitar primero la región por carretera y enterarse de primera mano sobre el verdadero estado de algunas trochas viales de Antioquia.
Ignoran que ya en Antioquia, ISA había hecho el ejercicio de estructurar durante cinco años el proyecto Corporativo Autopistas de la Montaña, así el anterior Ministro de Transporte nos hablara durante dos, sobre la importancia de estructurar los proyectos antes de licitarlos, para que al final ofreciera un lánguido respaldo de: “las autopistas van porque van”.
Promesas para generar aplausos y titulares, promesas para anestesiar reclamos que luego anuncian inversiones del orden de $260.000 millones para la carretera a Urabá, vía que presenta problemas de inestabilidad y exige la recuperación de carpetas asfálticas perdidas casi por completo.
El sector de Robledo, después de la inauguración del túnel hace casi siete años, lleva esperando la licitación de los 4.1 kilómetros pendientes, mientras soporta impaciente un tránsito lento y tortuoso.
Una estrecha vía de curvas sucesivas que no permite el sobrepaso de vehículos separa Medellín de La Pintada; 72 kilómetros cuyo tiempo de viaje toma hasta cinco horas... ¡qué horror!, mientras a paso lento avanza la “pernada” de taludes, construcción de puentes, etc., tarea en la que llevamos ya tres años; un buen referente de lo que nos espera con las denominadas “Autopistas de la Prosperidad” si se aplaza la segunda calzada.
Y según lo revelado por el director regional del Invías, el último mantenimiento efectuado en la Troncal a la Costa data de 2010 y sólo hasta el mes de diciembre contratarían obras por $19.000 millones. Ni hablar de la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, que al agotarse el límite permitido del valor del contrato de concesión según la Ley (la 80/93), hace dos años la frenaron en Marinilla, sin que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haya hecho gestión alguna para desatar el nudo en que se encuentra y terminar los 8.5 kilómetros contractuales restantes hasta Santuario. Entretanto, el concesionario anuncia que sólo hasta 2013 estarán rehabilitados por completo los tres tramos críticos cuya banca de vía se perdió hace meses.
Dieciséis años ininterrumpidos pagando peaje para la construcción de una doble calzada de 52 kilómetros de “autopista” de la que apenas han construido 42; tímido balance de una concesión de la más alta prioridad para la economía de la región y el país.
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