Aunque el Gobierno Nacional no comparte algunas de las propuestas contenidas en los referendos del agua y de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, ayer el presidente Álvaro Uribe Vélez les pidió a los congresistas de su bancada tramitar las dos iniciativas.
No significa que el Presidente les haya dado su bendición. Lo que quiere es que el Congreso responda, de manera adecuada, a una petición popular, sin dejar de lado la tarea de revisar los proyectos.
Y en esa función es donde el Mandatario confía en que los congresistas apliquen los criterios que al Gobierno le interesan. En no pocas ocasiones, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha dicho que el referendo del agua le parece "inconveniente" y en el tema de los violadores a menores de edad, el Ejecutivo propone establecer prisión por 60 años sin beneficio de reducción de pena, bajo el argumento de que en Colombia no existe la cadena perpetua.
"Hay que respetar la iniciativa del pueblo en materia de democracia directa, como lo establece la Constitución, y hay que respetar la obligación del Congreso de examinar esos textos", expresó el presidente Uribe.
Lo que propuso el Primer Mandatario, según el representante Jaime Restrepo, de la U, es que "esos referendos se pueden apoyar pero obviamente con modificaciones".
Aseguró que en el tema del agua al Gobierno le preocupa afectar empresas como EPM.
Uribe dijo que en el caso de la cadena perpetua, "guste o no, es un derecho del pueblo a pronunciarse. El Congreso está trabajando para que sea el juez el que defina la graduación de la pena, incluyendo la posibilidad de la cadena perpetua, especialmente en el caso de violación a menores y personas con incapacidad de resistir".
Y frente al del agua, el Presidente aclaró que el Gobierno acordó con el Congreso introducir modificaciones, "para garantizar que el agua, los cauces, las playas, los humedales, los retiros, se respeten; y que el agua sea propiedad de la Nación y no de particulares. Hemos acordado que debe definirse, con claridad, que los recursos de subsidios estatales en tarifas de agua potable tienen que focalizarse exclusivamente a los sectores más vulnerables. Y que las grandes inversiones que requiere Colombia en materia de agua potable, garanticen la inversión social, pública, privada, comunitaria, porque cualquier exclusión es gravísima para lo que el país requiere".
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