Por un presunto detrimento patrimonial de 18 mil millones de pesos en obras de infraestructura, la Contraloría General de la Nación le imputó este lunes cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
La decisión también cobija a los exsecretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata, a 10 consorcios y uniones temporales que representan “20 empresas de obras civiles” y la antes llamada Fundación para el Buen Gobierno”.
“La decisión se origina al verificar, en más de 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales, que hubo deficiencias en la planeación contractual, demoras injustificadas en la ejecución de las obras contratadas y adiciones no justificadas, entre otras irregularidades”, reza el comunicado de la Contraloría.
Según el ente de control, “en desarrollo de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaron en su momento sobre estos hechos, en las vigencias 2008 a 2010, se presentaron situaciones irregulares en la actuación de funcionarios de la CGR de la gerencia departamental de Antioquia de esa época, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, Regional Medellín”.
