La Corte Suprema de Justicia dictó el 14 de septiembre de 2011 sentencia contra Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su vinculación con los paramilitares, el abuso de funciones y la ejecución de un homicidio de un activista social y de derechos humanos de la Costa Atlántica.
La Corte analizó múltiples situaciones en las cuales el "viejo George" -como le decía Rafael García, el exjefe de informática del DAS y confeso criminal- favoreció intereses paramilitares. Por ejemplo, a través de nombramientos de personas vinculadas a estos grupos; como el caso de Rómulo Betancurt, a quien nombro en el cargo de director seccional de Bolívar, después de que este ejerciera como jefe de seguridad de Enilce López, conocida como la "Gata", y de haber proporcionado todo el apoyo a los paramilitares entre 1986 y 1998, cuando ejerció varios cargos en el DAS, incluyendo la dirección en Córdoba. Son varios los casos por este estilo; fue una práctica extendida.
Igualmente, la Corte reprocha la conducta de Noguera, destacando que despidió y trasladó a funcionarios que cumplían con su deber legal de perseguir a los grupos paramilitares. Por ejemplo, despidió y trasladó a funcionarios que se atrevieron a adelantar acciones en contra de Hernán Giraldo, reconocido paramilitar y narcotraficante de la Costa. Asimismo, trasladó a una funcionaria que plasmó en un informe interno su preocupación por "la creación de una sala técnica al servicio de los grupos armados AUC".
Las pruebas que consideró la Corte no son testimonios de oídas ni versiones sueltas, son acciones tomadas por el condenado que indican su compromiso con los paramilitares. Todo llevó a la Corte a "afirmar con certeza" que Noguera es culpable de concierto para delinquir.
Pero, la causa no termina ahí. Al examinar la responsabilidad de Noguera en el homicidio de Alberto Correa de Andreis, la Sala Penal determinó que el crimen fue perpetrado por un aparato organizado de poder que combinó manifestaciones de poder estatal y de la violencia brutal de los paramilitares para cumplir con el plan criminal. Noguera es condenado por este homicidio y en otro delito como "hombre de atrás", en el marco de una verdadera conspiración criminal que ilustra cómo el poder estatal se tornó criminal para perseguir, reprimir y aniquilar a sus enemigos.
En relación con los vínculos entre el Estado y el paramilitarismo en la Costa Atlántica, el testimonio de un paramilitar que respondía a órdenes de Hernán Giraldo es ilustrativo: "allá no se sabe quién es quién, porque lo que es la parte de la Sijín trabaja con las AUC, lo que es la parte del DAS trabaja con las AUC". Es decir, como decía el eslogan de guerra: "Todos somos AUC".
La sentencia es un acto público que debería llamar la atención de todos los colombianos. No tanto por los noguera o los betancurt de este mundo, sino porque es una decisión judicial que inicia a desenmascarar lo que se niega desde hace décadas en Colombia: el poder estatal se utiliza para delinquir y cometer atrocidades. La sentencia desvirtúa las justificaciones que llevaron al asesinato de Correa de Andreis e inicia a develar la mentira institucional.
Los crímenes perpetrados comprometen al poder público y generan responsabilidad estatal. Su existencia es muestra de la pérdida de legitimidad del aparato estatal y la corrupción total del poder. Son crímenes que, con un rol mediato de prácticas y políticas oficiales, se cometieron mediante una detallada división del trabajo, con la finalidad de compartimentación y ocultamiento de responsabilidades de los eslabones oficiales más elevados.
Ahora, es tarea de la justicia investigar y establecer el continuo de poder entre determinadores y seguidores, y explicitar las políticas, prácticas y contextos que fijaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática y generalizada, sin que nadie dijera nada. Lo revelado en la sentencia contra Noguera es la punta del iceberg.
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