Los expertos le llaman "gobernanza", pero, en cristiano, lo que quieren significar con ello es que no conviene, a su juicio, que la Junta Directiva del poderoso fondo único SaludMía -que reemplazaría al Fosyga y tendría un presupuesto superior a los 26 billones de pesos anuales- sea manejado por cuatro personas del resorte del Presidente de la República.
Según la iniciativa gubernamental, que cursa en el Congreso, SaludMía afiliaría a las personas, recaudaría, administraría los dineros y efectuaría los pagos o giros por la gestión y prestación de los servicios de salud.
Para Jairo Humberto Restrepo Zea, coordinador del Grupo Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, "no es admisible que al sustituir al Fosyga por SaludMía, con un presupuesto cercano a los 30 billones de pesos, su Junta Directiva esté conformada sólo y exclusivamente por dos ministros (Salud y Hacienda) y otro representante del Presidente. Resulta curioso que el director de esta entidad sea nombrado por el Presidente, a partir de la terna que presente la Junta. Es necesario establecer un organismo colegiado de concertación y una Junta que represente a los actores del sistema, además de los Consejos de Salud en las entidades territoriales y de otros aspectos orientados al buen gobierno del sistema y a poner freno a la corrupción".
Marta Cecilia Ramírez Orrego, representante a la Cámara por Antioquia, coincide en que "el fondo único debería tener una administración colegiada más fuerte, para poder blindarla de la corrupción".
La decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, María Patricia Arbeláez Montoya, manifiesta que es importante la creación de SaludMía, por el recaudo centralizado de los dineros de la salud. Sin embargo, a renglón seguido, advierte como problema que la autorización del pago recaerá en las administradoras.
"Ahí surge un problema, porque ese pago a los prestadores de servicios no va a ser tan directo. Eso termina siendo otra intermediación, en la que el prestador va a estar facturando a las administradoras, para poder recibir los recaudos del fondo. Como lo decía el ministro de Salud, a los administradores hay que transferirles recursos para que paguen licencias de maternidad e incapacidades y ahí, en esa orden de a quién le pago, se pueden distorsionar los beneficios de un fondo único".
¿Qué dice Santos?
El Gobierno de Santos no parece muy sensible a la propuesta de abrir la Junta de SaludMía a otros actores del sistema. De hecho, en el foro realizado el pasado viernes en la Universidad Eafit -y que fue apoyado por Proantioquia, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Asociación de Empresas Sociales del Estado- el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, puso como ejemplo la "gobernanza" del sector eléctrico, en donde no hay mucha participación que digamos.
Siguiendo ese modelo, el Ministerio de Salud ha sometido a consulta de los interesados un proyecto de referenciación y control de precios de los medicamentos.
Esa medida, que se tomará a mediados de mayo, forma parte de un paquete de cambios que tocarán a la industria farmacéutica. En diálogo con la prensa, Gaviria Uribe afirmó que su cartera tiene una agenda clara, que incluye la introducción de mayor competencia en los biotecnológicos; el concepto del Minsalud para el trámite de las patentes; la eliminación de la Comisión de Precios de los Medicamentos y la obligatoriedad de suministro de información sobre precios de los fármacos y en general de esta industria.
Consultado sobre la trascendencia de estos cambios, el ministro explicó que obedecen a un tema bien conocido: los medicamentos de marca, producidos en condiciones monopólicas, son muy caros. En sus propias palabras, "Colombia privilegió ciertos mecanismos de mercado y estos funcionan bien cuando hay competencia. Donde hay competencia en genéricos, los precios no son muy altos. Pero donde no la hay, pagamos precios exagerados y hay que intervenir. Esa es la idea, generar competencia y regular agresivamente".
De otro lado, Gaviria desestimó las advertencias sobre la sostenibilida financiera del sistema de salud, como consecuencia de los menores recursos que podría recibir por variaciones en el financiamiento introducidas en la última reforma tributaria.
El hueco en las cotizaciones, recordó el profesor e investigador Jairo Humberto Restrepo, es de 6 billones de pesos, cifra superior a los 4,8 billones de pesos de los que habló el Minhacienda durante el trámite de la reforma tributaria. El tema no parece desvelar al ministro de Salud, quien recordó que justamente es el Ministerio de Hacienda el que debe garantizar el cierre financiero del sistema de salud.
También minimizó el efecto fiscal del Plan Integral de Beneficios. Meter "todo" lo del No POS al POS costaría un billón de pesos más que lo que hoy se paga por el POS y los recobros al Fosyga. Sobre los 26 billones que manejará SaludMía, un billón más no suena exagerado. Con todo, ese plan se introducirá en forma gradual y los cambios comenzarán antes de diciembre de 2013, o sea, antes de que se sepa la suerte de la reforma.
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