Contra lo que se podría creer, la minería informal asentada a lo largo de la cuenca del río Medellín no es tan significativa, y apenas alcanza un 10 por ciento del volumen total de la explotación.
Así se desprende de un estudio adelantado para el proyecto Lomava (Lineamientos de Ordenación Minero Ambiental para los materiales de construcción en la cuenca del río Aburrá), que se presentó ayer en la Universidad Eafit a las autoridades del sector.
Según Alejandra Ortega, coordinadora del proyecto, se trata de una radiografía e imagen real de la cuenca, tanto en lo ambiental como en la minería de materiales de construcción.
Lo encontrado, de manera general, dijo, es una minería que genera alrededor de 3.000 empleos de manera directa, y que presenta una informalidad, pero relativamente baja con respecto a la formalizada.
"La informalidad tiene un peso pequeño", complementó el ingeniero asesor Carlos Mario Wilches, al precisar que de las 161 unidades mineras que existen en la cuenca, hay 129 títulos, algunos chircales o productores de ladrillos, 13 de legalización de minería de hecho (que está dentro del proceso de control), y unas 4 que no están legalizadas.
Ese sector, añadió, no está focalizado en sitios precisos, sino diseminado a todo lo largo de la cuenca porque estos mineros son nómadas y a medida que encuentran un lugar de buena producción lo utilizan, pero su producción es muy baja dentro del marco de consumo de materiales en el Aburrá.
Los principales materiales que se explotan, no sólo del río sino de sus afluentes, son arena y triturados, utilizados para proyectos viales y de infraestructura.
Sobre la llanura de inundación del río hay empresas grandes organizadas, que aportan un porcentaje alto en producción, pero un hallazgo del estudio es que existe una demanda importante de materiales de construcción y se ha visto la necesidad de traer de otras zonas fuera del Aburrá.
En alerta, no de gravedad
Sobre la apreciación de agresor de lo ambiental que se tiene del sector minero, Alejandra Ortega aceptó que se presentan efectos y se revisó cada título para saber cuáles son los que se presentan con más frecuencia.
El más visible, por ser explotaciones a cielo abierto, dijo, es el impacto paisajístico. Pero también lo es con el suelo, por el retiro de la cobertura vegetal, igual que con el agua por los vertimientos, con o sin permiso.
La actuación del proyecto Lomava en este campo, dijo, es dimensionar los impactos generados, para al final definir unos escenarios de ordenación de la cuenca, que no tendrá en cuenta solo el criterio de que allí hay un recurso, sino que si es una zona de protección, se entrarán a validar los criterios de si es mejor dejarla así o explotarla.
De manera concluyente, planteó que el hecho de que sea una cuenca altamente intervenida, que haya otras actividades y que esté densamente poblada, hace que se esté alerta.
A juicio de la funcionaria, la situación en la cuenca es de cuidado y control, pero no de una situación extrema. "Es de control, tenemos que estar ahí, se generan afectaciones, pero no podemos hablar de gravedad y deterioro ambiental", aseguró, tras sostener que el proyecto Lomava entra en un buen momento.
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