El Gobierno Nacional anunció su compromiso de convocar a los diversos actores de la sociedad colombiana a formalizar un gran pacto nacional sobre el desarrollo de la agricultura y del sector rural.
Es sentida la necesidad que existe de impulsar el desarrollo de una agricultura competitiva, incluyente y ambientalmente sostenible como condición necesaria para alcanzar el bienestar y el progreso del campo.
Su actual desarrollo deja mucho que desear, pese a la riqueza natural aprovechable, la diversidad de la misma, la creciente demanda mundial de alimentos y la importancia estratégica que tiene la agricultura en el mundo.
Nuestra agricultura no ha crecido a ritmos acordes con la disponibilidad de recursos, ni ha aprovechado las oportunidades que ofrecen los mercados mundiales. Por ello, al compararla con la de otros países latinoamericanos, sus niveles de producción están muy por debajo.
A pesar de que las actividades productivas rurales se han diversificado, la agricultura constituye, aún hoy en día, la fuente esencial de la vida económica y social del campo, lo que realza la importancia crucial que tiene el sector para su desarrollo y ayuda a entender las frustraciones y problemáticas de pobreza, inequidad y violencia que sufren sus pobladores.
Por tal razón, la definición del contenido del pacto que el Gobierno quiere formalizar debe partir de la revisión del modelo de agricultura que por décadas ha estado vigente.
Tal modelo, que tiene sus principales raíces en la distribución de la tierra en los siglos XIX y XX y en la política de sustitución de importaciones de mitad del siglo pasado, se ha construido sobre la base de la generación de rentas, de la protección arancelaria y del otorgamiento de subsidios y apoyos a ciertos sectores productivos, especialmente los pertenecientes a la gran agricultura empresarial.
Esto ha frenado el florecimiento y la expansión de aquellas actividades en las que el país tiene ventajas comparativas o en las que ha desarrollado capacidad competitiva.
A pesar de que una parte importante de la producción agropecuaria, y en especial la de alimentos, proviene de la pequeña propiedad, las políticas sectoriales no le han sido tan generosas.
La inversión pública no ha fomentado, de manera sólida y sostenida, la creación de bienes públicos, como son la investigación, la asistencia técnica y el riego, ni ha promovido la generación de oportunidades productivas y menos aún la creación de capital humano y social. Todos estos son factores esenciales para la transformación y el desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales.
Un cambio en el modelo de desarrollo agrícola implica resolver los distintos problemas existentes alrededor de la tierra e implementar una política comercial que facilite el aprovechamiento de la riqueza natural, de forma que se abastezca el mercado nacional y se impulsen las exportaciones.
El modelo no debe discriminar entre tipos de productores. Ello demanda que los pequeños estén en capacidad efectiva de vincularse al desarrollo agrícola mediante el acceso a activos productivos, así como a los servicios de apoyo a la producción y de desarrollo social.
Finalmente, deben crearse las condiciones para hacer de la agricultura un sector altamente productivo en el que el Estado cree el entorno de desarrollo (mercados, bienes públicos e instituciones) y la inversión privada impulse su crecimiento.
Este pacto deberá fijar las bases para una política de Estado que evite que los graves problemas de la agricultura colombiana se pretendan resolver a punta de paros y protestas.
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