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Dos millones de dólares fue el pago que la mafia entregó al M-19 por la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Esta es una de las conclusiones del informe Que cese el Fuego, presentado ayer por la Comisión de la Verdad, instancia conformada para establecer y aclarar los hechos.
Jorge Aníbal Gómez Gallego, integrante de la Comisión de la Verdad, declaró a EL COLOMBIANO que los guerrilleros del M-19 mantenían contactos con Pablo Escobar, e hicieron algunos operativos y algunas acciones conjuntamente, tales como la entrega y transporte de armas.
"Obtuvimos testimonios de quienes afirmaron haberle dado a Iván Marino Ospina, comandante del M-19, dos millones de dólares para esa empresa. Esto y otros indicios que se explican en el informe, nos llevaron a afirmar que sí hubo esa participación del narcotráfico, concretamente del Cartel de Medellín".
Según Gómez Gallego, Iván Marino Ospina y Pablo Escobar "se reunían con frecuencia, y los guerrilleros recibían ayuda económica de ellos (los narcotraficantes)".
No era solo los expedientes
El ex magistrado Gómez Gallego, aclaró que el objetivo de la toma guerrillera no era solo la quema de los expedientes. "Eso es solo una parte de esta acción y de ese propósito en la toma del Palacio de Justicia. Otra cosa era que ese día la Corte discutía la ley aprobatoria del tratado de extradición con E.U. y ellos (los narcotraficantes) estaban muy interesados en que no se aprobara".
Dice el informe que "como comandante del M-19, Iván Marino Ospina declaró que por cada colombiano extraditado, sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia".
Según Nílson Pinilla, otro de los integrantes de la Comisión de la Verdad, la mafia había presionado y amenazado permanentemente a los magistrados para que no aprobaran el tratado.
Esta afirmación coincide con las declaraciones de María Cristina Zuleta, viuda del magistrado asesinado en el hecho, Alfonso Patiño Roselli, quien expresó a este diario que su esposo le había comunicado en diferentes oportunidades el temor que sentía por las amenazas de "los Extraditables" y que si se aprobaba la extradición les habían asegurado que los matarían.
"Ellos traían una consigna de atentar contra los magistrados, particularmente de la Sala Constitucional y contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la acción del Palacio, los guerrilleros pretendían hacerle un supuesto juicio al presidente Belisario Betancur por los supuestos incumplimientos en los procesos de paz", dijo Pinilla.
¿Quién retiró la seguridad?
Una de las situaciones que falta por esclarecer en la toma del Palacio, es que no hay certeza de quién emitió la orden para retirar la seguridad del Palacio de Justicia un día antes de que ocurriera la toma por parte del M-19.
Según Pinilla "el magistrado Luis Ernesto Vargas, en la conmemoración del Día de la Vida estuvo en Ibagué y encontró allá un documento del 18 de octubre de 1985, suscrito por el entonces presidente del Tribunal Superior de Ibagué, Augusto Espitia Garzón, en el cual se le pide al Gobierno aumentar e intensificar la vigilancia sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre el Palacio de Justicia".
Sin embargo, el día de la toma guerrillera, el Palacio amaneció con seis celadores portando un revólver de dotación. Estos fueron los primeros en enfrentarse al grupo de guerrilleros.
Pinilla precisó que "dos coroneles han mentido en sus declaraciones en torno a por qué se levantó la vigilancia. No hay ninguna razón legítima para que, cuando más debía haberse incrementado la seguridad, esta hubiese sido levantada".