Me enteré a través de los medios de comunicación, que la Contraloría Delegada para el sector social solicitó una investigación por responsabilidad fiscal a 77 directivos del grupo Saludcoop y a funcionarios del gobierno pasado, entre los que me encuentro como exministro de la Protección Social.
Lástima que no conozca el proceso en cuestión y mi única opción sea la de caminar a tientas, como un ciego en territorio ajeno.
La verdad es que no deja de ser sorprendente que tras las reiteradas denuncias que desde el gobierno de Álvaro Uribe hicimos, ahora seamos precisamente nosotros los perseguidos por la misma causa.
Recordemos que dos superintendentes de Salud investigaron, sancionaron y denunciaron ante los organismos de control, posibles actuaciones por fuera de la ley.
La primera denuncia ante la Fiscalía fue hecha en el año 2004 y curiosamente la Unidad Anticorrupción se declaró inhibida para vincular a las directivas de Saludcoop.
Posteriormente, en junio de 2010, el Superintendente de la época dio traslado de presuntas irregularidades a los organismos de control, sin que a la fecha se conozcan los resultados.
Fue precisamente por esos mismos hechos por los que el Superintendente de Salud impuso una sanción que ordenaba a Saludcoop restituir cerca de 400.000 millones de pesos al Sistema.
Algo que el actual Superintendente descalificó jurídicamente tratando de conciliar con Saludcoop, cuyo procedimiento no fue autorizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejando así en firme la sanción impuesta durante el anterior gobierno.
Respecto del problema de los recobros, hay que anotar que si el gobierno y los organismos de control están tan seguros de que existen mafias en el cobro y pago de los medicamentos no POS, sorprende la decisión de girarles más de doscientos mil millones de pesos mensuales a las EPS sin realizar una auditoría previa de las cuentas.
Me explico: si no hay auditoría, solo existen dos caminos. El primero es no pagar las cuentas, lo cual generaría caos en clínicas y hospitales. El otro camino, al parecer el que ha elegido el gobierno, es hacer avances sobre las cuentas presentadas y no auditadas.
Pero, ¿cómo se explica que unos pagos, tan criticados por el gobierno y sobre los cuales se ha creado todo tipo de incertidumbre, sean realizados en forma de anticipo? ¿Cómo explicar a los organismos de control y a la ciudadanía que aquellas cuentas que investigan, ahora serán pagadas sin auditoría y sin soportes?
¿Será una irresponsabilidad darles 200 mil millones mensuales a las EPS sin auditoria? ¿O se habrán equivocado, o por lo menos sobredimensionado el tan publicitado problema de los recobros, desprestigiando a muchos de los actores del Sistema?
La verdad es que si se ratifican en las acusaciones, no deberían hacer anticipos y los organismos de control deberían estar vigilantes, ya que esto generaría un enorme riesgo para los recursos públicos. Pero si creen que en general los actores ofrecen la garantía para hacer estos adelantos, deben aceptar que es un tema complejo que requiere un análisis técnico profundo, antes de hacer anuncios que puedan dañar al Sistema de Salud y a sus actores.
Ojalá se dé la oportunidad de realizar un debate serio y profundo sobre el tan manido e injustamente maltratado tema de los recobros. Ni todo es tan malo como algunos dicen, ni tan perfecto como algunos quieren parecer.
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