Estamos en un momento de definiciones del conflicto.
Si bien las Farc y el Eln están neutralizados estratégicamente, no significa que no puedan desarrollar una mayor beligerancia armada y aprovechar la percepción de inseguridad existente, para generar incertidumbres y críticas sobre la conducción político-militar de la seguridad democrática.
De ahí que me atreva a afirmar que hay muchos distractores sistemáticos y mediáticos que desvían la atención de las Fuerzas Militares para lograr mayores rendimientos operacionales, estructurales y decisivos sobre los actores violentos.
Es claro que hoy más que ayer, las Fuerzas Militares y el Alto Mando Militar están bajo el escrutinio público y la demanda permanente de seguridad. Además, enfrentan una guerra asimétrica de connotaciones impredecibles en el campo de combate, sumado al fenómeno de la multicriminalidad que en el caso colombiano, acompaña este tipo de confrontación.
¡No más distractores! Las denuncias contra miembros de la Fuerza Pública deben seguir el curso legal ante los entes de control o judiciales pertinentes.
No deben convertirse en caballos de batalla de la oposición ni en debates políticos inanes.
Quien se presuma que haya infringido la ley, debe responder con las garantías procesales legales ante una justicia justa. En estos tiempos definitivos para ganar la guerra, tampoco es conveniente enfrascarse en dramas personales o institucionales con la llamada a calificar servicios de un General de la República.
Todos los oficiales de insignia conocemos las reglas del juego, ¿de qué nos asombramos entonces? El pase armonioso al retiro, sea cual fuere su causa, se soporta con hidalguía, dignidad y la satisfacción del deber cumplido en beneficio de nuestro pueblo.
Hoy el país y las Fuerzas Militares requieren de una Reserva Activa más unida que nunca. Que deje a un lado los resquemores; desarme los espíritus, entienda el momento crucial del conflicto; y respalde al Alto Mando Militar sin distingo de fuerzas o de armas.
Que sea solidaria y que no se deje influenciar por unos comunicadores que pretenden arrebatarle la defensa de la institucionalidad militar y la bandera de la unidad nacional.
Se acaba el espacio, y sólo me resta expresar mi asombro y dolor de soldado, ante la condena a 35 años del señor General Jesús Armando Arias Cabrales, insigne oficial de nuestro Ejército Nacional.
Sabemos que hay que respetar los fallos de la justicia y en este caso, aunque lo respeto, no lo comparto.
También puedo asegurar que el mismo no cambiará mi imagen sobre un gran General de la República, que debió afrontar una de las peores crisis y de mayor peligro para la democracia colombiana.
Su actuación valerosa y digna contra los terroristas del M-19, honra a su familia, al Ejército y a compañeros de la milicia.
El compromiso de Nación del Ejército de Colombia, y de su Comandante, el General Alejandro Navas Ramos, permiten dar por descontado que no habrá desmoralización en las tropas ni desmedro en el cumplimiento de la misión constitucional, por este infortunado fallo, aunque sí aconseja a los colombianos, una pronta reflexión: ¿Cuál es la Colombia que queremos en paz?
PAUSA UNO: Es hora de pensar, sin rencores en el alma, en la construcción colectiva de un Acuerdo de voluntades para la paz y la reconciliación de los colombianos.
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