Con la firma de los decretos que reglamentan la Ley de Víctimas se volvieron a hacer anuncios esperanzadores: ahora sí se reparará a las víctimas, se facilitará el retorno a sus tierras y se garantizará la no repetición de los hechos atroces. Dijo el Presidente Santos que los decretos son "las herramientas puntuales para hacer realidad la Ley, para transformar un pasado de dolor en un futuro de esperanza y de prosperidad". Sentenció: "no más indiferencia" con las víctimas en Colombia.
Pero la realidad está lejos de las palabras de ilusión y la muerte sigue rondando a las víctimas. El mismo día de la firma de los decretos se dio a conocer la noticia del asesinato de Alexa Gómez Polanía, líder comunitaria y representante de personas desplazadas por la violencia en Putumayo. La muerte de Gómez, el 18 de diciembre, en Mocoa, se suma a una larga lista de líderes desplazados que fueron asesinados por reclamar sus derechos.
El Gobierno reconoció el asesinato de Gómez y lo deploró. Sin embargo, más que el rechazo oficial, lo que se requiere es efectividad en la protección y en la respuesta a la situación de inseguridad que califica la situación de las víctimas.
Reconozco que el Gobierno manifiesta voluntad, al menos en discurso, para avanzar con el proceso de reparación a las víctimas. No obstante, para pasar del dicho al hecho e iniciar un proceso de reconocimiento y reparación es necesario que existan condiciones mínimas para ejercer el derecho a la libertad de expresión y a reclamar derechos. Sin estas condiciones, las políticas y los programas oficiales podrían estar generando riesgos para las víctimas.
He insistido sobre este punto desde hace años. Escribí en 2008, a propósito de una serie de muertes y amenazas en contra de líderes de asociaciones de víctimas, que el espacio de protección y reparación "necesita cultivarse bajo reglas de respeto y garantías básicas de seguridad y libertad de expresión para aquellos que reclaman: verdad, justicia y reparación".
A lo largo de los años siguientes destaqué la necesidad de adoptar mecanismos de protección más robustos y más efectivos. Resalté a finales de 2010 que los asesinatos de más de un centenar de personas habían acontecido en el marco de procesos de recuperación de tierras, con una concentración marcada en los departamentos de Córdoba y Sucre, y en la región de Urabá.
De ese momento a la fecha siguen presentándose homicidios de líderes y la restitución de tierras sin protección sigue siendo inviable. Escribí en octubre de 2010: "La existencia de condiciones adversas no puede implicar parálisis de la acción estatal tendiente a la restitución, pero las promesas loables tampoco harán desaparecer las fuentes de riesgo". La muerte de Gómez lo ratifica.
En junio de 2011, cuando fue aprobada la Ley de Víctimas, aplaudí su adopción pero advertí que: "La invitación oficial a que las personas reclamen sus derechos debería estar antecedida por condiciones de respeto y garantías básicas de seguridad y libertad de expresión para aquellos que reclaman verdad, justicia y reparación.
Quienes se enorgullecen por poner en marcha un esquema de verdad, justicia y reparación en medio del conflicto tienen la suprema responsabilidad de garantizar que la promoción y exaltación del esquema no se conviertan en acciones que generan más sufrimiento y pérdida".
El asesinato de Gómez en su casa en las planadas del municipio de Mocoa vuelve a enlutar al movimiento de víctimas y nos recuerda que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones.
El llamado presidencial a acabar con la indiferencia con las víctimas tiene que ser un acto responsabilizante para poner en marcha programas y acciones concretas que aborden con conocimiento y cautela las realidades locales, protejan a las víctimas, y controlen las fuentes de riesgo antes de exponer a las personas que reclaman sus derechos a más violencia.
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