La investigación publicada ayer por este diario deja una profunda preocupación (un socavón, podría decirse) sobre la manera en que diferentes actores armados fuera de la ley se han beneficiado de explotaciones mineras ilegales e incluso legales.
Hablamos, al igual que el narcotráfico, de un nuevo motor económico para financiar bandas criminales y para blanquear dineros. Aterra el hecho de que esos grupos posean tal músculo para sus finanzas y que, en varias ocasiones, importantes explotaciones de oro del Bajo Cauca y del Nordeste de Antioquia estén bajo su batuta.
En buena hora el DAS y la Policía están siguiendo el rastro de quienes aparecen en fachadas administrativas que sirven para encubrir a quienes, tan ocultos, ejercen el poder real tras parte de la minería. Ojalá las autoridades acaben esa veta criminal.
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