Muy acertado su editorial de la fecha Alto Verde, punto de quiebre, pero creo que se queda corto en cuanto al tema de El Poblado.
Considero que es urgente una reforma no sólo al POT, sino al régimen legal de las curadurías para que pasen de examinar no solamente los requisitos formales, sino las implicaciones que para un desarrollo armónico de la ciudad tenga un determinado proyecto urbanístico o construcción, en temas como el manejo de los suelos, el medio ambiente y la movilidad, dotándolas de instrumentos para hacer cumplir las normas y estableciendo un severo régimen de sanciones si son laxas en el cumplimiento de sus deberes.
Lamentablemente, bien se sabe, los constructores constituyen uno de los principales grupos de presión ante las altas instancias gubernamentales, no sólo a nivel nacional, sino de las ciudades y su afán de lucro supera todos los límites permitidos en un Estado Social de Derecho.
Es urgente otra reforma legal que impida que éstos violen las obligaciones consagradas en el Código Civil y demás normas, pues todas las grandes firmas promocionan un proyecto con su nombre, pero al ciudadano ir a comprar resulta haciendo el negocio con una sociedad distinta creada para ese solo efecto y la que una vez terminado y vendido el proyecto en su totalidad, es liquidada, sin que el ciudadano tenga a quién reclamarle posteriormente por fallas presentadas.
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