Por presunta persecución política, los abogados del alcalde de Bogotá Gustavo Petro radicaron ayer una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ella, se le pide al organismo internacional que dicte como medida cautelar la suspensión de la investigación administrativa que lleva a cabo el procurador general Alejandro Ordóñez contra el mandatario distrital, por cuenta del cambio en el esquema de recolección de basuras en la ciudad.
Así lo confirmó el abogado Rafael Barrios, quien forma parte del grupo de juristas que representa a Petro y que pretende evitar una posible destitución del alcalde por parte del Ministerio Público. El fallo está programado para ser leído la próxima semana.
Pese a que la decisión del procurador Ordóñez aún no se conoce, a juicio de la defensa de Petro "el Procurador lo que quiere es sancionar, no investigar, entonces para qué vamos a esperar una decisión cuando ya se han agotado los recursos internos".
Agregó que "el pliego de cargos habla de improvisación, de falta de planeación, aquí no hay ninguna conducta dolosa, pero la acusación es por falta gravísima a título de dolo. Lo que queremos es adelantarnos a un posible fallo arbitrario de destitución"
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