Soldados y policías que fueron secuestrados y luego liberados por la guerrilla le exigieron al Gobierno replantear su política de atención a quienes padecieron este flagelo dentro de las Fuerzas Armadas.
La muerte del soldado William Domínguez, además del suicidio en 2007 del policía Fredy Andrés López Ramírez (uno de los liberador por las Farc después de la toma a Mitú en noviembre de 1998), son dos casos que demostraron que el Estado debe replantear su política de atención a los exsecuestrados en el país, aseguró por su parte Asfamipaz (asociación de familiares de solados y policías secuestrados).
El cautiverio en la libertad
El drama para el exsoldado Wilton Jamir Ávila Olmos, empezó el 3 de agosto de 1998. Ese día, 500 guerrilleros de las Farc se tomaron la base de la Policía Antinarcóticos y la del Batallón Joaquín París del Ejército, en Miraflores, Guaviare.
En total secuestraron a 56 policías y 73 soldados regulares, entre ellos a Ávila Olmos y al soldado Giovanny Ardila Barbosa, quien recién se había alistado en el Ejército.
Ambos estuvieron durante tres años secuestrados. Ardila Barbosa recordó que a veces no había agua para tomar. Entonces, cuando llovía se quitaba sus botas y recogía agua en ellas para tomársela. Cuando no se podía mover para hacer sus necesidades fisiológicas, igual las hacía en las botas. En esos tres años sólo se veía partes del rostro con pedazos de un bombillo quebrado y el día que se pudo ver en un espejo se asustó y no se reconoció, relató Ardila Barbosa.
También el soldado Ávila Olmos rememoró los días azarosos del cautiverio cuando bombardeaban los campamentos. Incluso después de ser liberado se asustaba con el timbre de un celular, el sonido de un avión, hasta el golpe de una puerta que se cerraba con fuerza.
La libertad, justamente, se dio el 28 de junio de 2001, después que el expresidente Andrés Pastrana firmara un acuerdo humanitario con las Farc. Los dos uniformados fueron liberados en La Macarena, Meta. Les tomaron fotos, los sacaron en radio, prensa y televisión y escucharon discursos donde les prometieron becas para estudiar, un empleo estable y vivienda.
"Nada de eso se cumplió", dijo el soldado Ardila Barbosa, diez años después de ser liberado, quien aseguró que recién puesto en libertad y cuando una junta médica le dictaminó un 75 por ciento de incapacidad, imaginaba la casa y el empleo que le prometieron.
Pero sólo recibió la pensión del Ejército. "Y el problema es que desde que fui desvinculado de las Fuerzas Armadas, no he podido conseguir un empleo estable", dijo el exuniformado.
Ardila Barbosa todos los días debe tomar pastillas para sobrellevar sus días: Sertralina, un antidepresivo, y clozapina. "Son para mantenerme tranquilo, no sentir ansiedad, no sentirme perseguido".
En la misma condición está el soldado Ávila Olmos: "nos pintaron florecitas en el cielo. Y al principio sí nos dieron tratamiento psicológico. El tratamiento médico general duró unos cinco, seis meses. Fue ahí cuando nos llegó la baja, nos desvincularon del Ejército. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado".
Por eso los dos exsecuestrados le solicitaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos una cita para exigirle al Gobierno una atención adecuada a los liberados. "Queremos que nos escuchen, que nos atiendan para dar a conocer nuestra situación actual", expresó el soldado Ardila Barbosa.
También él y otros compañeros, que crearon la fundación Cadenas de Libertad, propusieron que en el país se establezca una política para la atención y reparación a víctimas del secuestro. "El tratamiento que se le da a uno u otro militar que haya sido prisionero no es el mismo. Muchas veces se les da un mejor trato a los que tienen un rango alto, por ejemplo", enfatizó por su parte Ávila Olmos.
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