La Corte Constitucional realizó ayer la audiencia pública programada para oír argumentos de diversos sectores, sobre el régimen pensional de altos funcionarios del Estado, particularmente los de la Rama Judicial y el Congreso.
Ello, dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra algunos artículos de la Ley 4 de 1992, que, a juicio de los demandantes, contraviene principios fundamentales de la Constitución de 1991.
Este tema de las pensiones exorbitantes ha perturbado el ánimo de los colombianos en los últimos años. A una población generalmente sumisa y resignada a lo que dispongan sus dirigentes políticos, sea cual sea la suerte que con sus decisiones y omisiones hagan recaer sobre las espaldas de los contribuyentes, ya le está creciendo un más que justificado malestar social.
Si los parlamentarios que legislan en su propio interés y los altos magistrados que acomodan la jurisprudencia a sus particulares necesidades, se dan cuenta de que la sociedad ya no admite esta insultante inequidad promovida desde las más altas instancias del Estado, podrán reflexionar y decidir en algún momento que en esta materia sí que deben primar las razones de legitimidad, equidad y justicia.
En la audiencia de ayer en la Corte Constitucional, precisamente, se vieron claros los contrastes entre esas razones de justicia, equidad y legitimidad, frente a la mera defensa corporativa y casi leguleya de los privilegios de una pequeña pero muy poderosa, costosa e intransigente minoría.
Es cierto que la Constitución y las leyes protegen los derechos adquiridos de quienes hayan accedido a su pensión de forma legal.
Es decir, si quien cumple los requisitos de edad, tiempo de servicio y cotizaciones en la proporción establecida en la ley, adquiere el derecho a pensión.
El problema con los altos funcionarios es que para efectos de liquidación, adicionan abusivamente factores como gastos de representación, pasajes aéreos, viáticos por viajes al exterior, etc., que hacen que sus mesadas superen los techos establecidos en la ley.
Ayer, durante la audiencia pública, se oyeron argumentos jurídicos, pero también económicos y fiscales. Aparte de desatinos como el del nuevo presidente del Consejo de Estado, hablando de sus pensiones "decorosas" que les permitirán ser "abuelos lindos" que no terminen viviendo "en el cuarto de los trastos", también hubo intervenciones serias.
Llamó la atención la contundencia con la que los representantes del Gobierno, los ministros del Interior y de Trabajo, expusieron la necesidad de terminar con estos regímenes pensionales ominosos. No es muy dado este Gobierno a la toma de posiciones tan definidas, pero en este caso lo hizo.
Los beneficiarios de estas pensiones (magistrados, congresistas) tendrán que darse cuenta de que la democracia colombiana no tiene posibilidades de sobrevivir si la inequidad tiene su inspiración en las más altas instancias del Estado.
Las cargas impuestas sobre el ciudadano no pueden quebrar de una manera tan afrentosa el sentido de dignidad de los trabajadores que obtienen pensiones irrisorias y tienen que subsidiar las mesadas millonarias de ese selecto club de privilegiados.
Esperaremos con mucha atención la decisión de la Corte Constitucional. Decisión que si bien será jurídica, tendrá hondas repercusiones económicas, fiscales y, sobre todo, de paz y equidad social.
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