El empeño del Gobierno en reducir el precio de los medicamentos, llevará a que en los empaques vuelva a verse el rótulo, que se utilizó en otros tiempos, de "precio máximo de venta al público".
Así lo considera José Luis Méndez, gerente Corporativo de Laboratorios Roche, explica que si la idea es ejercer un control directo, se deberá expedir una disposición específica en ese sentido. "Más que preocupación, lo que tenemos es una clara decisión de colaboración con el Gobierno y la sostenibilidad del sistema y mientras las reglas sean claras y lo que se defina sea claro, no debe haber preocupación", afirma.
En el caso de Roche, unas seis o siete moléculas (algunos exclusivos), que se utilizan en tratamientos de cáncer, serían objeto de esa regulación, pero aún no se conoce el listado.
Para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, el control se aplicará a la salida de los distribuidores mayoristas de medicamentos y que la idea es que eso se traduzca en menores precios para el sistema y para la gente.
La directora de Medicamentos del Ministerio de Salud, Nancy Huertas Vega, señala que "habrá mayor reducción mientras mayor sea el precio en Colombia respecto a los 17 países de referencia".
Más peros a la reforma
A pesar de la defensa que de la reforma ha hecho el Gobierno, la iniciativa sigue generando debate.
El presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, en carta a los asistentes al foro farmacéutico, expresó su preocupación sobre el pretendido control de medicamentos. "El Gobierno debe pensar en una regulación que permita lo que se debe hacer y no prohibiendo de forma indiscriminada la libertad de precios de medicamento e insumos. El artículo 22 del proyecto de Ley estatutaria quiere generar una política para controlar los precios, tomando precios internacionales de referencia, pero esta actividad le debe corresponder, no a la Ley, sino al organismo que defina la propia Ley". Y agregó: "La prohibición explícita de la libertad de precios de los medicamentos y de los dispositivos médicos limita al mercado e impide el libre juego de la oferta y la demanda".
Luis Alberto Martínez, director Ejecutivo de la Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado (Aesa), asegura que la tutela, como herramienta para acceder a los servicios de salud, sale mal librada en la iniciativa.
"Ademas, se limita el núcleo esencial del derecho a la salud a un paquete de servicios y medicamentos, visión reduccionista, con el argumento de la sostenibilidad fiscal, el mismo que se esgrime para mantener la intermediación financiera y parasitaria de las EPS", añade.
* Invitación de la Cámara Farmacéutica, de la Andi
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