Al leer El Colombiano, en su edición del 20 de septiembre, pude observar con sorpresa cambios en la redacción de mi columna titulada "Soberanía amenazada". Tengo certeza que no hubo ánimo de causar perjuicio ni al emisor ni a los receptores potenciales del mensaje, aunque ciertamente el agregar dos palabras (más y por), cambió la expresión de mi pensamiento sobre las calidades y el compromiso del mando militar, por quienes profeso profundo afecto y reconocimiento.
En un tema tan complejo, importante y delicado como lo es la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua, los juicios que se hagan sobre las actitudes de la institución castrense revisten máximo cuidado. Por ello creo obligante precisar mi pensamiento al respecto.
Quise, en esa columna, resaltar la diferencia entre las actuaciones de los mandos militares de los dos países. Los nicaragüenses guiados por la arrogancia y los nuestros por la prudencia, pues no tengo dudas sobre las calidades, capacidades y méritos de nuestros soldados, sin importar grados ni fuerzas, como tampoco de su vocación para honrar nuestros juramentos.
Durante los últimos 50 años las Fuerzas Militares han priorizado en su análisis, doctrina y dispositivo el tema del conflicto interno (hipótesis realidad), sobre otras hipótesis, pero nunca ha olvidado los riesgos que implican los intereses contrapuestos con países amigos.
Hasta donde llega el recuerdo de mis vivencias militares, el tema de la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua, ha estado siempre presente, por razones que geopolítica e históricamente son comprensibles (espacios de poder y poder de los espacios). Una de ellas es la perspectiva de un canal interoceánico que facilite la comunicación comercial entre los países de la cuenca del pacífico y de la Unión Europea. Las dos naciones han contemplado tales posibilidades, pero para Nicaragua sus pretensiones conllevan la usurpación de nuestras aguas.
En 1949 el gobierno nacional nombró una comisión dirigida por el ingeniero Belisario Ruiz Wilches, la cual encontró, entre varias opciones, necesaria y viable la construcción del canal interoceánico, uniendo los cauces de los ríos Atrato y Truandó. En 1955 la "expedición Truandó", liderada por la Armada Nacional y con apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, confirmó lo previamente recomendado. Posteriormente, durante el gobierno de Belisario Betancur, la Ley 53 de 1984 ordenó la construcción del canal interoceánico, sin permitir la participación de capital extranjero (Ley ya sin vigencia). Recordemos que cuatro años antes, Nicaragua había declarado nulo el tratado Esguerra – Bárcenas.
Nuestro presidente, en su excelente discurso ante las Naciones Unidas el 24 de septiembre del año en curso, habló con claridad y convicción sobre el conflicto armado, sobre la lucha contra el narcotráfico y sobre la nueva economía climática, pero omitió el tema de nuestra soberanía amenazada. Muchos esperábamos oír sus argumentos en defensa de nuestros derechos soberanos, lo cual no ocurrió, tal vez por razones de orden político y diplomático, pero es claro que se perdió una excelente oportunidad para expresar ante el mundo nuestra inconformidad y nuestra posición como nación frente a la situación actual y posibles contingencias futuras.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
