La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a los ex directores del DAS, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, por los seguimientos e interceptaciones ilegales.
También emitió las primeras acciones disciplinarias al ordenar destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a los detectives Germán Ospina y Fabio Duarte, quienes integraron el llamado G-3.
Según el procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, Fernando Brito Ruiz, los dos detectives sabían que se trataba de una actividad ilegal porque no tenían los soportes de ninguna autoridad judicial.
Estas acciones, señaló Brito Ruiz, " tenían el objetivo de desprestigiar y desacreditar a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, dirigentes políticos y miembros de ONG".
Las detectives Blanca Cecilia Rubio y Lina María Romero, fueron suspendidas de sus cargos 6 meses e inhabilitadas por el mismo periodo.
La investigación permitió demostrar que "si bien sus actividades eran básicamente asistenciales, tanto su formación y experiencia les permitían advertir que estaban manipulando información recolectada de manera ilegal, con lo cual, desatendieron normas de obligatorio cumplimiento e inobservaron el deber objetivo de cuidado".
Como los cuatro sancionados apelaron la decisión, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría será la encargada de decidir su situación. Entre tanto, la sanción impuesta queda suspendida.
El procurador Fernando Britto también indicó que las investigaciones contra Carlos Alberto Herrera, Sandra Lucía Muñoz y Juan Carlos Sastoque, fueron cerradas por vencimiento de términos debido a que las últimas pruebas presentadas son del 2005 y las pruebas se pueden usar en cinco años.
A Ignacio Moreno, Mario Orlando Ortiz y a Germán Villalba les cerró la investigación de forma definitiva por duda razonable.
En el caso de la detective Iveth Senobia Gutiérrez Guardo, la Procuraduría consideró que la misma estuvo ajustada a la legalidad, en atención a que sus informes estuvieron precedidos de la debida orden judicial.
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