La orden de arresto en contra del exgobernador y precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos, afectó varias esferas, pero sobre todo la del movimiento del expresidente Álvaro Uribe y su intención de retomar el poder.
El uribismo, la política tradicional antioqueña y el Partido Conservador recibieron un golpe en la quijada. No mortal, pero sí uno certero.
En Antioquia Ramos es uno de los grande barones electorales y su alianza con Uribe cobraba fuerzas en el camino de la campaña presidencial. Sin duda.
Ahora bien, el Partido Conservador quedó huérfano de un líder que estaba llevando al movimiento a separarse de la Unidad Nacional y sin Ramos como la figura dominante de ese proceso, a la colectividad se le dificultará dar ese salto mortal.
Pero lo más grave es para Uribe. Por un lado el exgobernador es otra ficha cercana que, lamentablemente, termina preso por presuntas relaciones con paramilitares. Esto reaviva, en plena precampaña electoral, los reflectores sobre las relaciones entre los grupos ilegales y la política, especialmente en líderes cercanos al expresidente.
Por el otro lado, Ramos era el candidato duro que electoralmente tenía más posibilidades para competir contra la reelección del Presidente Juan Manuel Santos según las encuestas. Un pierde, pierde para Uribe.
Por eso sus grupos defensores han declarado que la orden de captura que libró la Corte Suprema de Justicia en contra del exgobernador es una jugada política y un anuncio mediático para sacar de la carrera electoral a uno de los precandidatos más fuertes del Centro Democrático, y también para debilitar al expresidente Uribe y a todo su movimiento.
Aseguran que la Corte esperó hasta ahora, pese a que la investigación lleva ocho años, para anunciar esta decisión con el fin de golpear al expresidente donde más le duele. Y cierto o no, el anuncio sí lo afecta.
Sin embargo, no es que falten razones o evidencia para tomar la medida y para llamar a Ramos a dar explicaciones.
La justicia es la única que podrá determinar su inocencia o culpabilidad, y ojalá Ramos sea inocente, pero desde el pasado 24 de julio, cuando se libró la sentencia en contra del exsenador Óscar Suárez a nueve años de cárcel por parapolítica, empezó la cuenta regresiva para el exgobernador.
Sobre todo por el hecho que Suárez organizó una reunión con paramilitares en Bello, a la que asistió Ramos, sin autorización de la Presidencia, y en la que presuntamente se discutió la logística de las elecciones de 2006.
Complicado el panorama.
Mientras tanto el exgobernador se ha limitado a seguir el mismo discurso de todos los políticos acusados de relaciones con los paramilitares.
En un principio negó cualquier vinculación. Posteriormente cuando las pruebas fueron contundentes aceptó que alguna vez estuvo en contacto con ellos pero en virtud de las negociaciones de paz. Ahora que está comprobado que no había autorización de la Presidencia para esta reunión, establece que él solo se limitó a oír.
Política o no la jugada de la Corte Suprema, la respuesta a la investigación en contra del exgobernador tiene que ser jurídica. Y desde ese punto el panorama no es el mejor para Ramos. Políticamente, no es el mejor para Uribe.
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