La informalidad en el transporte público es casi un axioma, y se entronizó de tal manera en esta actividad que parece que fuese un camino obligado para lograr conformar con el tiempo una empresa reconocida y que, mal que bien, cumple la normatividad que regula este servicio.
Ya saltó la liebre pues hace poco oí que algunos concejales de Medellín están amenazados a raíz de los debates sobre la chatarrización de buses de servicio público. No son extrañas estas formas de presión; es usual que algunos, y solo algunos, integrantes de este gremio las utilicen para conseguir sus objetivos; parece que les han servido puesto que las siguen empleando.
Los recursos destinados a la chatarrización no son propiedad de los transportadores, éstos como los fondos de pensiones son administradores de dinero ajeno y como tal deben entregarlos en el momento en que se los reclame su legítimo propietario. Manifestar renuencia es ilegal y si aunamos amenazas a quien, en nombre de sus legítimos propietarios los reclama, estamos ante un despropósito gigantesco. Los ciudadanos debemos rodear y apoyar incondicionalmente a nuestros voceros, en este caso los señores concejales que están haciendo efectivos los recursos que les entregamos para ese fin. No está bien que ninguna de las empresas que han recaudado estos dineros se amparen en sofismas o leguleyadas para negarse a darle la destinación definida en la norma.
El control fiscal para las empresas de transporte es tal vez uno de los mayores dolores de cabeza que puede tener la DIAN; es que los sistemas contables de este tipo de ingresos de acuerdo con la forma de recaudo son caóticos y parece ser que no hay nadie interesado en remediar esta situación.
Hay una solución y es empleando medios electrónicos para los pagos del pasaje y los controles; éstos deben instalarse a costa del propietario en cada uno de los vehículos. Estos medios están diseñados para contabilizar sin errores el número de pasajeros que ingresaron al bus; así sabrán el propietario y las autoridades fiscales, cuál es el ingreso real por la prestación del servicio, estos controles deben ser susceptibles de chequeo por terceros. No es un invento ni una utopía; esto está viejo en otros países que quisieron recaudar el dinero proveniente de la explotación de un servicio público que ha enriquecido a más de uno, sin contraprestación justa para el Estado y la comunidad.
Añadido: ¿Quién se queda con el porcentaje destinado a la chatarrización, del dinero que pagan los pasajeros que se suben al bus por la puerta trasera?
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