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Se busca promover la seguridad

  • Se busca promover la seguridad | En Antioquia hay 1503 piscinas de uso colectivo, de las cuales sólo 391 tienen concepto favorable por cumplir con la totalidad de los requisitos.
    Se busca promover la seguridad | En Antioquia hay 1503 piscinas de uso colectivo, de las cuales sólo 391 tienen concepto favorable por cumplir con la totalidad de los requisitos.
18 de noviembre de 2011
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Más allá de cumplir las normas para evitar sanciones, lo que se pretende con el tema de las piscinas es que se cree una cultura de seguridad entre los usuarios y los encargados de éstas.

"Existen unas normas cuya intención es la protección de la vida y hay unos planes de emergencia que deben desarrollarse en las unidades. Entonces, se trata de ser responsables frente al tema, para que en caso de un accidente podamos demostrar que fuimos diligentes en su manejo", explica Alfonso López Álvarez, director ejecutivo Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia (Asurbe).

La Ley 1209 de 2008 dice que serán responsables las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas previstas en el capítulo IV o que permitan el acceso de los menores a las piscinas sin la supervisión de sus padres o sin la vigilancia de un adulto.

Además, contempla que el no acatamiento de las normas será sancionado con multa entre 50 y mil salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina hasta por cinco días, por la primera falta. Si se viola la ley por segunda vez, en un tiempo no superior a seis meses desde la primera falta, se multará al establecimiento entre 100 y 1.500 salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal entre cinco y 15 días. Ante una tercera falta, ocurrida después de seis meses de la primera, se cerrará definitivamente el establecimiento.

Las piscinas que se construyan después de promulgadas las normas, deben adecuarse a estas disposiciones. Las que ya se encuentren en servicio deben realizar las adecuaciones necesarias para cumplir la normatividad en un plazo de un año.

Las multas por incumplimiento se pagarán al municipio respectivo y se destinaran a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma.

"El sector oficial no busca sancionar porque sí, sino sensibilizar primero. El hecho de que la autoridad emita un concepto tiene que ver más con las sanciones y los plazos de aplicación, pero la ley se tiene que cumplir, dice López Álvarez.

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