El enfrentamiento entre los diferentes combos y bandas delincuenciales en las comunas de Medellín necesita de una política criminal bien estructurada en la que no solo se incluyan las herramientas penales sino de asistencia a las poblaciones afectadas.
Esta es la teoría que sostiene el magistrado español José Manuel Maza Martí, encargado de llevar el caso por presunto prevaricato del juez Baltasar Garzón, quien sostiene que en un conflicto como el de la ciudad, debe estudiarse a fondo las causas y sus posibles soluciones.
El magistrado explica que ese estudio debe realizarse con una rigurosidad científica, "de análisis de la situación y del problema. Acá no solo cabe la reacción de las autoridades diciendo que como el problema es preocupante la población esta inquieta, aumentemos las penas, aumentemos el castigo. La política criminal no es solo la herramienta de lo penal, de un juicio, sino también medidas asistenciales, medidas educacionales".
Para Maza Martí, aunque estas últimas medidas son más costosas para los gobernantes, son mas eficaces a largo plazo, "pero es lo único que auténticamente se aplica junto al código penal".
Este juez asegura que en procesos de construcción de políticas criminales, no se puede olvidar "cuál es la semilla de la causa del fenómeno, como la falta de educación, la falta de oportunidades" y en esa medida abordar el problema.
Unidos contra el crimen
Ante las constantes quejas de la ciudadanía por la falta de celeridad en la judicialización de los delincuentes capturados, o por la necesidad de las órdenes de captura que no son emitidas por las entidades a tiempo, la recomendación del magistrado Maza Martí es que "se hace necesario que haya una buena coordinación entre todas las autoridades. De esta forma se puede trabajar más eficazmente contra la delincuencia que en algunas ocasiones es más organizada".
El juez español, que participó en la Semana de la Criminalística realizada por el Tecnológico de Antioquia, indica que dentro de la construcción de políticas criminales para combatir a la delincuencia, debe tenerse en cuenta a las víctimas, pero el papel principal es del legislador.
Maza, magistrado del Tribunal Superior de España, concluye que es más sencillo poner más penas, "y se suele quedar en eso, pero la política criminal es una ciencia, no solo el código penal. La lucha contra el delito debe hacerse, pero hay que pensar y empezar con educación, medios asistenciales, no solo en el endurecimiento de las penas".
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