La tala selectiva en 44.000 hectáreas de la selva chocoana en Bahía Solano para extraer más de tres millones de metros cúbicos de manera fue negada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
La decisión está fundamentada y resuelta en la Resolución 0689 de agosto 23, poniendo fin así a un proceso de más de dos años.
La tala selectiva se adelantaba por un convenio entre el Consejo Comunitario Los Delfines, dueño colectivo de las tierras, y la firma canadiense REM, que luego se convirtió en Prima Colombia Hardwood e implicaba en sus fases iniciales tumbar más de 300.000 árboles de la densa selva mediante permisos sucesivos.
EL COLOMBIANO fue el primer medio nacional que reveló la situación el 20 de marzo de 2011, denuncia que movió al abogado ambientalista Juan Ceballos a adelantar acciones legales para frenar la tala, considerada por Ignacio del Valle, reconocido investigador forestal de la Universidad Nacional como ‘minería de los bosques’.
Por la actuación de Ceballos, en mayo de 2011 el Ministerio del Ambiente retiró a Codechocó, que había otorgado el permiso, la potestad de intervenir en el proceso y unos meses después al comprobar irregularidades en la tala del primer lote, como corte de especies no autorizadas, los suspendió temporalmente.
La firma iba a extraer la madera vía aérea, pero la operación inicial falló.
El entocnes director Ambiental de Codechocó, Hugo Fernélix Valencia, emitió concepto negativo tras una visita solicitando revocar la licencia, concepto que no fue acogido por la Dirección General de la Corporación. Hoy Valencia es el director de esta entidad.
En un recorrido de 10 horas adentro de la tupida selva, EL COLOMBIANO comprobó esas irregularidades, así como la amenaza a especies de fauna y flora. La tala en firme iba a comenzar en mayo de 2011.
La Resolución de la ANLA, de 106 folios, se basa en las deficiencia de los estudios de impacto, la no caracterización de la fauna silvestre y falta de información de especies vedadas y endémicas, y sobre la conexión de ecosistemas como el de Baudó y el Parque Nacional Natural Utría, entre muchas otras consideraciones de tipo ambiental.
Ceballos informó que las acciones continuarán para establecer responsabilidades fiscales, administrativas, disciplinarias y penales. Como medida probatoria en la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Chocó, una comisión de científicos hará un peritazgo en la zona.
Valencia, por su parte, indicó que no se le ha regresado la competencia a Codechocó y no sabe qué sigue, pero el 11 de octubre habrá reunión en Bahía con la comunidad para tratar el tema.
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