En una continuación de las diferencias por el desarrollo del proceso de paz con las Farc en Cuba, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, reiteró este martes que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vigile actuaciones del procurador, Alejandro Ordóñez, durante las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
Según el congresista, defensor de los diálogos con la insurgencia, el proceso tiene "avances" en la búsqueda de la terminación del conflicto y recordó la importancia del respaldo de la comunidad internacional en el desarrollo de este proceso.
Cepeda expresó su preocupación por las críticas del Procurador, "quien ejerciendo la jefatura del Ministerio Público, ha desplegado ingentes esfuerzos que buscan obstruir, e incluso amenazar la conclusión exitosa de este proceso de paz". Cepeda cuestiona las declaraciones que realizó el jefe del Ministerio Público frente a la delegación de víctimas que viajó a La Habana, en las que rechazó a la inclusión de las víctimas de agentes estatales y de grupos paramilitares en dicha comisión. El senador también se mostró inconforme por otra intervención de Ordóñez en la que advierte que el proceso de paz no debe terminar en una “gigantesca operación de lavado de activos del narcotráfico” a favor de las Farc.
Otro discrepancia que reseña Cepeda en su petición a la CIDH para que haga seguimiento" a las actuaciones del Procurador fue la comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la que Ordóñez cuestiona que sean las Farc las que direccionen los contenidos y la verdad que se muestre según sus "intereses e ideología subversiva".
"Sus funciones y prerrogativas (del Procurador) no deben incluir acciones de abuso de la función pública, extralimitaciones u omisiones que no solo impliquen violaciones de los derechos de los ciudadanos, sino además ataques directos al proceso de paz", indicó Cepeda.
Un sector de las víctimas de las Farc ha criticado la representación en los diálogos de paz con el argumento de que las personas que deben viajar a Cuba a entrevistarse con los negociadores deben ser, en su mayoría, las víctimas directas de la guerrilla y no del paramilitarismo y los agentes estatales.
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