La llegada de Walid Makled a Venezuela pondrá a prueba nuevamente la cuestionada independencia del Poder Judicial en el país.
El supuesto narcotraficante ha sostenido en varias entrevistas que el crecimiento de su fortuna y negocios no hubiesen sido posibles sin la colaboración de las altas autoridades civiles y militares del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo ha resumido todo con una frase contundente: Venezuela es un narcoestado.
Firaz El Aissami, hermano del ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami; Hugo Carvajal, director de la Dirección de Inteligencia Militar; Luis Mota Domínguez, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas y Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y Justicia, Félix Antonio Velásquez, exjefe de la Guarnición de Bolívar, y Luis Felipe Acosta Carlez, ex gobernador del estado Carabobo, son algunos de los funcionarios señalados de haber recibido sobornos. De ellos sólo Acosta Carlez no forma parte del chavismo.
Parece lejana la posibilidad de que se investigue al entorno cercano al Gobierno. Hay un antecedente: el caso del atentado contra el fiscal Danilo Anderson en 2004. En el juicio oral y público hubo restricciones para la entrada de la prensa a la sala de audiencias.
No está claro cómo será la cobertura del caso Makled, pero algunos analistas vaticinan que no se sabrá toda la verdad. "Es posible que el caso termine en el octavo sótano", desplazado por temas del invierno, aseguró Juan Martín Echeverría, ex director de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Protección (Disip), en el diario El Universal.
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