Al amparo de la Emergencia Social, decretada a finales del año pasado, el Gobierno Nacional ha venido adoptando una serie de medidas que inciden en el sistema de salud, algunas de las cuales han generado una gran polémica pública como es el caso del aumento del IVA al consumo de los cigarrillos, la cerveza y los juegos de suerte y azar. En otros casos, la discusión apenas comienza pues se trata de asuntos más técnicos y que toman un tiempo en ser asimilados plenamente.
Sin lugar a dudas, la frágil situación financiera del sistema de salud del país se ha venido agravando a través de los años. El Gobierno Nacional, al tiempo que ha venido aumentando la cobertura en salud, no ha adoptado las medidas que aseguren los recursos financieros necesarios para hacer sostenible el sistema y así evitar la situación que lo llevó a decretar la emergencia social.
Al respecto, el propio Presidente Uribe señalaba que "para salvar el propósito de la universalización del seguro de salud para nuestros compatriotas, se ha tomado la decisión de declarar una Emergencia Social e incorporar los recursos que se requieren para el salvamento financiero de la salud, a través de las entidades territoriales".
La mayoría de analistas y especialistas en la materia reconocen el hecho de que el sistema nacional de salud está en alto riesgo de colapsar financieramente. Desde esta óptica, la necesidad de la emergencia social era evidente, pero la realidad es que éste no es un hecho nuevo o inesperado, por el contrario, es un asunto que se viene debatiendo de tiempo atrás y al cual no se le ha dado la atención necesaria ni se le ha enfrentado con decisión.
El sistema originalmente establecido por la Ley 100, aunque controvertido, tenía la virtud de soportarse en una estructura financiera viable, pero con el tiempo y la falta de decisiones por parte del Ministerio de la Protección Social, se fueron dejando crecer, de manera insostenible, los desequilibrios entre los ingresos y las demandas de atención sanitaria por parte de los usuarios. En todo esto se ha hecho evidente el conflicto que se presenta entre la eficiencia económica en la prestación de los servicios de salud y la exigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos.
Sin lugar a dudas, las decisiones adoptadas en el marco de la Emergencia Social resultan coyunturalmente aceptables, ayudan a ordenar el sistema y enfrentan algunos de los delicados y graves problemas que hoy se tienen, pero no parecieran responder a un eje central y a una visión de futuro que asegure plenamente la sostenibilidad de la prestación de los servicios de salud. Para algunos analistas no es claro, por ejemplo, que las medidas tributarias de aumento del IVA resuelvan el problema de fondo, pues se piensa que es necesario contar con una estructura más estable y cierta de recursos financieros.
Esto hace pensar que la Emergencia Social debe ser vista como el inicio del necesario proceso que tiene que llevar a cabo el país tendiente a encontrarle una solución definitiva, permanente e integral a la problemática que enfrenta el sector salud en Colombia.
Sin lugar a dudas, habrá que establecer un compromiso entre la disponibilidad de recursos limitados y las verdaderas necesidades de salud de la población colombiana. En todo esto se hace imperativo definir un pacto entre la sociedad y el Estado que permita organizar una estructura viable del sistema nacional de salud, al tiempo que llene las aspiraciones básicas de los ciudadanos.
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