Muy preocupadas están algunas autoridades del Bajo Cauca antioqueño ante la negativa del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) de decretar la alerta temprana para los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría de Antioquia, envió el pasado 3 de julio un informe de riesgo en el cual advirtió que hay aproximadamente 103.326 personas de estas localidades en riesgo inminente por "la sangrienta confrontación armada entre los grupos armados ilegales post desmovilización de las Auc" y por la presencia de los frentes 4, 18 y 36 de las Farc.
La mayoría de los civiles son campesinos e indígenas de las etnias emberá y zenú.
Jorge Enrique Calero Chacón, director nacional del Sistema de Alertas Tempranas, recordó al respecto que "a comienzos de este año la viceministra del Interior de entonces (María Isabel Nieto), dijo en una entrevista que las discusiones para emitir alertas tempranas tenían unas consideraciones políticas".
Agregó que "eso es lo que preocupa, que se tenga en cuenta un componente político y no humanitario. Sin embargo, la Defensoría cumple con la tarea de advertir sobre las situaciones de riesgo para las comunidades".
El CIAT lo conforman el Vicepresidente de la República, el director de Acción Social (que votaron a favor de que se decretara la alerta), y los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia, y el director del DAS (que no la acogieron).
Las razones
Los argumentos para negar una alerta a una región que se mantiene en una permanente disputa, y cuyos índices de criminalidad se han incrementado según estadísticas de la Fuerza Pública, se centraron en la reciente creación del Centro Fusión, con sede en Caucasia.
"Según expusieron los delegados del Ministerio de Defensa, del Interior y del DAS, ya se había incrementado el pie de fuerza en la región y se estaban tomando las medidas correspondientes para reducir la situación de riesgo para estas poblaciones", explicó una funcionaria que pidió reservar su nombre.
"Lo preocupante es que a pesar de la intervención del Ejército y la Policía, y de los componentes sociales que ha llevado al Bajo Cauca el llamado Salto Estratégico, la situación allá sigue igual de delicada", agregó.
Según el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, hoy están bajo amenaza las cabeceras municipales de Caucasia y Zaragoza, y 105 veredas y 23 comunidades indígenas ubicadas en las cuatro localidades.
Para la defensora regional, Sandra Rojas, el hecho de no decretar la alerta temprana no exime al Estado de sus responsabilidades.
"La carga de establecer la protección es del CIAT, pero si un informe de riesgo especifica qué población está siendo amenazada, la responsabilidad directa, nacional e internacionalmente será del Estado por no adoptar las medidas correspondientes", sentenció.
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