Las empresas Transportes Medellín y Transportes Castilla negaron las afirmaciones hechas públicamente por el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, sobre supuestos nexos con bandas criminales, para presionar a pequeños propietarios para que vendan sus participación en estas empresas.
Aseguran en el comunicado que contrario a lo que denunció Salazar, estas empresas están en proceso de democratización de su participación accionaria, lo que se demuestra con el hecho de que desde hace dos años socios que tenían mayor participación vienen cediendo a otros socios y propietarios de vehículos afiliados para que adquieran la calidad de accionistas.
Esto con la finalidad de fortalecer las empresas de cara a los cambios que se vienen para la ciudad con el transporte masivo y semimasivo, buscando además que no se ejerzan acciones de despojo como se pretende hacer con otras empresas afectadas por el Metroplús en cuyo funcionamiento tiene directo interés la Administración Municipal.
Frente a la denuncia del Alcalde de que los propietarios de vehículos eran obligados a comprar determinada marca, aseguran que no es cierto que se tenga preferencia alguna o que se obligue a los propietarios a comprar determinado tipo de carro, lo que sustentan con una relación del número de vehículos por marca que tienen ambas flotas.
"A la empresa solo la motiva el hecho que estén homologados por las mismas autoridades de transporte para la prestación del servicio público, datos que son de amplio conocimiento de la Administración Municipal, que expide las correspondientes tarjetas de operación", consigna el comunicado.
En el tema de los abusos contables y de cuentas paralelas que estarían negando los ingresos reales de estas empresas, y que el Alcalde pidió investigar, las empresas ponen a disposición de las autoridades judiciales y administrativas los libros contables de la sociedad Transportes Medellín S.A. y Transportes Castilla S.A.
Afirman que no desmintieron de forma apresurada y mediática las aseveraciones del Alcalde porque no están interesados en generar controversias con la administración y que en vista de que el mandatario anunció que las anomalías estaban en manos de las autoridades, será ante estas y en el escenario estrictamente judicial, que demostrarán que no son ciertas.
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