La Fiscalía le imputó cargos a 17 personas vinculadas a una red de corrupción que hacia todo el trámite ilegal de la expedición de permisos irregulares para la movilización de vehículos de carga pesada principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Se trata de nueve inspectores de policías de la Sijín y la Dijín, tres técnicos de automotores y un funcionario actual del Ministerio de Transporte, entre otros.
Según el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo la "red criminal" operó en estos departamentos entre 2009 y 2011 y simulaba hurtos, accidentes de tránsito y salidas del país de dichos vehículos y con la complicidad de inspectores de policía y técnicos automotrices certificaban ante las secretarías de Tránsito Departamentales y posteriormente ante el Ministerio de Transporte, para liberar un cupo del vehículo y poder tener otro automotor en circulación en las carreteras del país. Con este modus operandi lograron un desfalco al Estado por 70.000 millones de pesos.
También lograron poner en circulación dos o tres vehículos más de carga con la misma licencia de tránsito, hecho por el cual estas personas tendrán que responder por la alteración, obtención y divulgación de estos documentos.
"Hay vehículos circulando por las carreteras del país que no cuentan con los permisos y además hay otros que no pueden ser objeto de control de las autoridades de tránsito", explicó el vicefiscal.
Por este hecho de corrupción administrativa tendrán que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, prevaricato, peculado por apropiación e enriquecimiento ilícito de particulares.
El vicefiscal Perdomo dijo que esta es solo la primera fase de una investigación que va tras la desarticulación de grandes redes criminales dedicadas a la defraudación de la infraestructura del transporte y que la Fiscalía tiene conocimiento de que funcionan en Tolima, Meta y Atlántico.
Para el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, estas imputaciones son el resultado de un comprometido trabajo interinstitucional, y reveló que "son alrededor de 700 denuncias las que ha recibido la Fiscalía por estos manejos irregulares".
Juan Miguel Durán, superintendente de Puertos y Transporte, manifestó que este es "un golpe contundente a estas organizaciones, con el que se fortalece la transparencia del sector del transporte en Colombia".
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