El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación de las finanzas públicas, en momentos en que el Gobierno advierte sobre el aumento de las necesidades de financiamiento y el deterioro de las cuentas fiscales.
La decisión fue anunciada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada. El mandatario aseguró que las finanzas del país atraviesan, según su diagnóstico, “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene dificultades para responder al mismo tiempo por el servicio de la deuda y sus gastos de funcionamiento.
“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, al explicar las razones por las que su Gobierno decidió buscar nuevamente al organismo multilateral.
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La instrucción fue dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el presidente.
Por ahora, el anuncio no significa que Colombia tenga un nuevo crédito aprobado ni que exista un programa de ajuste acordado con el FMI. El Gobierno deberá definir qué instrumento pretende negociar y bajo qué condiciones.
El objetivo expresado por De la Espriella es encontrar una “salida negociada a la crisis”. “Saldremos adelante”, agregó.
¿Qué problema fiscal enfrenta Colombia?
El anuncio ocurre en un escenario en el que las cuentas fiscales muestran una presión creciente. El Banco de la República señaló recientemente que el Plan Financiero actualizado contempla para 2027 un déficit del Gobierno Nacional Central equivalente a 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2% del PIB, cifras que corresponden a un escenario de riesgo si no se adoptan medidas correctivas y no a las metas fiscales que el Gobierno haya fijado.
El propio FMI ya había advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas colombianas. En su última consulta del Artículo IV, publicada en septiembre de 2025, señaló que el aumento del déficit y de la deuda había elevado los diferenciales de riesgo soberano, aunque también indicó que las reservas internacionales seguían siendo adecuadas. A junio de 2025, estas equivalían al 131% de la métrica de suficiencia de reservas del organismo.
Esto marca una diferencia importante: la eventual búsqueda del FMI no parte necesariamente de una falta inmediata de reservas internacionales, sino de la necesidad de corregir la trayectoria de las finanzas públicas y atender las necesidades de financiamiento del Estado.
De hecho, el FMI había señalado que el déficit fiscal del Gobierno central llegó a 6,7% del PIB en 2024, frente a 4,2% en 2023, mientras que la deuda pública bruta alcanzó 61,2% del PIB al cierre de ese año.
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Colombia ya tiene una historia con el Fondo
Colombia no es un país ajeno a los programas del FMI. Es miembro del organismo desde 1945 y ha utilizado diferentes instrumentos a lo largo de las últimas décadas.
Uno de los antecedentes más importantes se remonta a finales de los años noventa. En diciembre de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el FMI aprobó un acuerdo por 1.957 millones de derechos especiales de giro, equivalentes entonces a unos US$2.700 millones, para respaldar el programa económico colombiano.
Ese acuerdo estuvo acompañado de compromisos de política económica, entre ellos medidas de ajuste fiscal, reformas tributarias y modificaciones relacionadas con el control del gasto público. La experiencia es relevante porque corresponde al tipo de programa que suele aparecer en el debate cuando un país busca financiamiento del FMI a cambio de compromisos económicos verificables.
Pero no todos los acercamientos de Colombia al Fondo han tenido esa naturaleza.
Durante la pandemia, por ejemplo, Colombia utilizó la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI. En diciembre de 2020 el país hizo un desembolso de US$5.400 millones para atender mayores necesidades de financiamiento derivadas de la emergencia sanitaria. El instrumento no funcionaba como un programa tradicional de ajuste con metas condicionadas para cada desembolso.
El registro financiero del FMI muestra que ese saldo fue disminuyendo en los años siguientes y que, para agosto de 2026, Colombia ya no registraba obligaciones pendientes con el organismo por esa línea.
Además, Colombia canceló en octubre de 2025 el acuerdo de Línea de Crédito Flexible que había sido aprobado en abril de 2024. El acuerdo tenía un acceso potencial de 6.133,5 millones de derechos especiales de giro, pero no se habían realizado desembolsos bajo ese arreglo.
Por eso, el anuncio de De la Espriella abre una situación distinta: Colombia volvería a conversar con el Fondo después de haber cerrado su relación crediticia asociada a la pandemia y sin tener actualmente un nuevo programa aprobado.
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¿Qué podría buscar Colombia?
El Gobierno todavía no ha explicado si pretende solicitar recursos, una línea precautoria, un programa tradicional o algún otro mecanismo. Esa definición será clave para conocer las condiciones que eventualmente tendría la negociación.
En un programa tradicional respaldado por el FMI, el organismo puede aportar financiamiento para necesidades externas mientras el país adopta un conjunto de políticas económicas con metas y revisiones periódicas. El antecedente de 1999 es el ejemplo más cercano de este tipo de relación.
En el caso colombiano, la discusión tendría como telón de fondo la necesidad de reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y mejorar las condiciones de financiamiento del Estado.
¿Qué dicen los expertos sobre el acercamiento al FMI?
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, considera que el acercamiento puede tener relevancia precisamente por el acompañamiento que el organismo internacional podría darle al Gobierno. “Esto desde ya es buena noticia, porque representa la posibilidad de tener una entidad experta independiente acompañando al gobierno a trazar una senda creíble de sostenibilidad fiscal. Es la señal de disciplina fiscal que necesitan los mercados”.
La economista explicó que todavía no está definido si Colombia buscaría un crédito directo del FMI. Un eventual acuerdo también podría facilitar el acceso a recursos de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o CAF.
“No necesariamente se trata de acceder a un crédito directo del Fondo, sino de tener esa señal de disciplina que da el acompañamiento permanente. Esa es la real importancia de un acuerdo con FMI”.
Para Meléndez, uno de los puntos que habrá que seguir es el tiempo que tome la negociación. Su expectativa es que antes de finalizar el año pueda existir un plan aprobado, aunque cualquier acuerdo tendría que pasar primero por el Directorio Ejecutivo del Fondo.
“Acá la gran importancia es que tendremos al FMI como un aliado en la revisión constante del plan que se acuerde y poder ir tomando decisiones acertadas”.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, calificó como positiva la decisión del Gobierno de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y puso el foco en dos necesidades: corregir las cuentas públicas y conseguir financiación externa en mejores condiciones.
“Noticia positiva que el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA busque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lástima que el gobierno anterior dejó perder la Línea de Crédito Flexible. Colombia necesita un ajuste fiscal y financiamiento externo más barato, en momentos donde las tasas de interés de la mayoría países están en aumento”.
López también recordó los antecedentes de Colombia con el organismo y consideró que el acompañamiento del Fondo podría contribuir al proceso de ajuste de las finanzas públicas. “Como a comienzos de este siglo, el apoyo del Fondo Monetario puede ayudar a Colombia a enderezar el rumbo fiscal”.
Para Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, llamó la atención sobre el cambio de posición del Gobierno frente al FMI. Según recordó, hace un mes el ministro de Hacienda había descartado buscar un acuerdo con el organismo para apoyar el ajuste fiscal. Ahora, el presidente anunció que comenzarán las conversaciones.
Para Mejía, un eventual programa tendría dos objetivos principales: facilitar el acceso a financiación externa en condiciones más favorables y establecer compromisos concretos para reducir el déficit y estabilizar la deuda.
“Un eventual programa con el Fondo Monetario Internacional puede cumplir dos funciones importantes: 1) permitir el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables que las del mercado; y 2) establecer un programa de ajuste, con metas cuantitativas y verificables, que logre reducir gradualmente el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública”.
Con base en los antecedentes del país con el FMI, Mejía planteó que un eventual acuerdo podría tomar como referencia el programa de 1999 y tener un horizonte de varios años.
“Nuestra expectativa es que, si las conversaciones actuales prosperan, el Gobierno busque un programa parecido al de 1999: un acuerdo multianual con metas fiscales y estructurales verificables”.
Para el economista, el eventual acceso a recursos sería solo una parte del acuerdo. El otro componente sería la señal que un programa de este tipo podría enviar sobre el compromiso del Gobierno con el ajuste fiscal.
“Más allá de los recursos, el principal valor de un programa de este tipo sería darle un sello externo de credibilidad al plan de ajuste fiscal”.
Mejía agregó que las metas verificables y las revisiones periódicas podrían servir como referencia para los mercados sobre la evolución esperada de las cuentas públicas. “Un acuerdo con metas verificables y revisiones periódicas puede ayudar a anclar las expectativas de los mercados sobre la trayectoria futura del déficit y de la deuda pública”.
De otro lado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también ha advertido sobre la magnitud del ajuste que requieren las cuentas públicas. En ese escenario, cualquier negociación con el FMI podría convertirse en un elemento adicional dentro de la estrategia de consolidación fiscal que deberá definir el Gobierno.
A la vez, el vicepresidente José Manuel Restrepo ha planteado una estrategia complementaria basada en atraer inversión privada. Durante su visita a Nueva York, aseguró que se reunió con más de 300 inversionistas y presentó oportunidades en sectores como energía, hidrocarburos, minería, inteligencia artificial, infraestructura y agroindustria.
La apuesta del Gobierno es alcanzar un crecimiento económico de 6% y, según Restrepo, para ello se requieren reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada. En sus reuniones con inversionistas, sostuvo que los fondos ven a Colombia “con muy buena cara”.
Y es que el anuncio del Gobierno abre una discusión que va más allá de si Colombia recibirá o no un crédito. El punto central será determinar qué tipo de apoyo buscará el país, qué compromisos asumiría y cómo se garantizaría una ruta creíble para ordenar las finanzas públicas.
¿Qué significa esto para los colombianos? El eventual acompañamiento del FMI no se limita a conseguir recursos. La discusión también pasa por el ajuste del gasto, el costo de la deuda, las tasas de interés, el espacio que queda para inversión y las condiciones en las que hogares y empresas podrían acceder a financiación.
Así, mientras el presidente puso sobre la mesa al FMI como una vía para enfrentar las dificultades fiscales, su vicepresidente ha insistido en que el crecimiento y la llegada de capital privado también hacen parte de la respuesta económica.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué Colombia volverá a conversar con el FMI?
- El Gobierno busca una salida negociada ante el deterioro de las finanzas públicas y las mayores necesidades de financiamiento del país.
- ¿Colombia ya tiene un nuevo crédito aprobado con el FMI?
- No. El anuncio corresponde al inicio de conversaciones y todavía no existe un nuevo acuerdo de financiamiento.
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