Esta semana el Congreso volverá a discutir el Presupuesto General de la Nación para 2027, que fue presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella por $634,9 billones. Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para votar el monto del proyecto.
En medio de ese debate, congresistas han puesto sobre la mesa varias obligaciones que debe asumir el Estado y que también presionan sus finanzas. Entre ellas, las condenas derivadas de procesos judiciales que la Nación ha perdido y que, una vez quedan en firme y ordenan un pago, se convierten en obligaciones a cargo de recursos públicos. Y esas pérdidas se vienen acumulando.
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En 2025, Colombia registró 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada, es decir, casos en los que la justicia tomó una decisión en contra del Estado y esta ya quedó en firme. Es la cifra más alta de los últimos diez años reportada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.
Así lo reveló la congresista Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), luego de un derecho de petición enviado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y conocido por este medio.
La cifra permite ver una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. En 2022, por ejemplo, se registraron 7.042 procesos desfavorables. Es decir, en tres años la cantidad de procesos perdidos aumentó un 87%. En 2023 fueron 7.798 los procesos perdidos y en 2024, 10.607.
Lo anterior pese a que la tasa de éxito que reportó la ANDJE en procesos judiciales ganados se ha mantenido durante los últimos años en más del 75%; es decir, aunque el Estado gana la mayoría de los procesos, también enfrenta cada vez más demandas y, por tanto, un mayor número de casos que pueden terminar en condenas.
Para expertos, esto quiere decir que Colombia debe concentrarse más en evitar que el Estado genere el conflicto que después termina pagando.
El problema es de plata
El crecimiento de estos procesos preocupa por dos razones: no solo están aumentando los casos en los que la Nación termina con una decisión judicial en contra, sino que cada año esas condenas le cuestan más dinero al Estado. “Estamos ante un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago”, advirtió la senadora Zuleta.
Los sectores de Hacienda y de Defensa son los que se ven envueltos en pretensiones económicas más altas, según el último reporte publicado por la ANDJE con corte a junio de este año.
En 2025, las condenas judiciales que quedaron en firme representaron obligaciones por $2,61 billones. Para poder dimensionar la magnitud de esos recursos, este monto corresponde más o menos a lo que invirtió la Gobernación de Antioquia para llevar a cabo la obra del Túnel del Toyo.
Y ha ido en aumento. En 2022, el valor de las condenas indexadas fue de $1,04 billones. En 2023 pasó a $1,12 billones y en 2024 llegó a $1,17 billones. En 2025, sin embargo, el costo saltó a $2,61 billones. Es decir, entre 2022 y 2025 el valor anual de las condenas aumentó 149,5 %.
Pero Colombia no siempre paga de inmediato las obligaciones. Entonces, cuando una condena queda en firme y el pago se retrasa, la obligación puede generar intereses. Por eso, mientras más tiempo tarde el Estado en pagar, mayor puede ser el costo final.
En 2019, la Nación tenía $10,33 billones en condenas pendientes de pago. Pero al cierre de 2025, Colombia ya tiene $19,89 billones. Esto aunque entre 2022 y 2025 se pagaron alrededor de $6,9 billones por sentencias y conciliaciones.
Esto representa un riesgo fiscal porque el Estado no solo debe responder por las nuevas condenas que recibe cada año, sino también por las obligaciones antiguas que siguen pendientes y que están generando intereses.
Y el problema puede seguir creciendo. Actualmente, la Nación tiene 284.268 procesos judiciales activos, con pretensiones económicas por $736,69 billones. Las pretensiones no significan necesariamente que el Estado vaya a perder todos esos recursos. Se trata de los montos que reclaman quienes demandan a la Nación; pero ese monto sí da cuenta de la magnitud del riesgo al que está expuesto el Estado.
Este será uno de los principales desafíos de Germán Calderón España, nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La entidad es la encargada de coordinar la estrategia de defensa judicial de la Nación y su reto será doble: mejorar la defensa de los procesos que ya están en los juzgados y, al mismo tiempo, fortalecer la prevención para reducir la llegada de nuevas demandas.
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