En medio del debate pensional, el Gobierno Nacional dijo que el fallo del Consejo de Estado, que suspendió el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones, ponía en riesgo el pago de las pensiones.
Pero los números cuentan otra historia, ya que el verdadero problema llegó en enero, cuando el salario mínimo subió 23%. ¿Por qué?
El economista Mario Fernando Cruz lo resumió así: “Colpensiones tiene 1,2 millones de pensionados de salario mínimo. Alza del 23% del salario mínimo significó aumento de $4,3 millones anuales por pensionado al año. Eso da $5,1 billones adicionales para 2026. Plata que no se presupuestó y hoy tiene en riesgo el pago de las mesadas”.
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El golpe silencioso del 23%: así se abrió el hueco
En ese orden, como lo indican las mismas cuentas de Colpensiones, la compañía tiene hoy 1,2 millones de pensionados que ganan exactamente un salario mínimo. Eso es 8 de cada 10 pensionados del Régimen de Prima Media.
Cuando el Gobierno decretó el aumento del 23% al salario mínimo para 2026, ese ajuste se trasladó automáticamente a cada una de esas mesadas. Además, el presupuesto 2026 se hizo con un número inferior, como lo documentó el mismo Colpensiones.
¿Cuánto cuesta ese ajuste? Unos $4,3 millones adicionales por pensionado al año. Al multiplicarlo por 1,2 millones de personas se obtendrá $5,1 billones que no estaban en el presupuesto de 2026.
Así las cosas, el presupuesto del año se construyó con una proyección muy inferior a la que exige la realidad de nómina. El desfase total, entre lo que hay y lo que se necesita, es de al menos $9 billones.
¿Y el fallo del Consejo de Estado qué tiene que ver?
Cabe recordar que el alto tribunal suspendió primero $20 billones y luego los $5 billones restantes del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026.
Con ese decreto, el Gobierno buscaba que las AFP transfirieran a Colpensiones los ahorros de 120.000 trabajadores que se trasladaron al Régimen de Prima Media bajo el artículo 76 de la Ley 2381, la reforma pensional de 2024.
El Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones salieron a advertir que sin esa plata, las mesadas estaban en peligro. Pero esa afirmación tiene un problema, los recursos para el pago de pensiones ya están garantizados en el Presupuesto General de la Nación, como ocurre desde hace décadas, con ingresos del Estado como los impuestos.
La disponibilidad de las mesadas no depende del Decreto 415. Así lo reconoció la propia declaración oficial del Gobierno.
Lo que dice Asofondos
Ante este panorama, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio de las AFP, presentó unas cuentas que contradicen la alarma del Gobierno. De los 120.000 trabajadores trasladados, solo 20.000 ya cumplieron los requisitos para pensionarse. Esas 20.000 mesadas cuestan $450.000 millones al año.
Los otros 100.000 trabajadores siguen activos, cotizan en Colpensiones y generan aportes de $600.000 millones anuales.
La conclusión de Velasco es que “por cada peso que tiene que pagar por estos 20.000 pensionados, reciben 1,3 pesos de las cotizaciones de los otros 100.000 que se trasladaron”.
En otras palabras, los traslados no generan un déficit. De hecho, sobran recursos para cubrirlos. “Entonces, si hace falta plata para pagar pensiones, no es porque estos traslados les estén generando un déficit; debe ser por otra razón”, dijo Velasco.
Según Velasco, hay recursos suficientes porque en el Presupuesto General de la Nación se incluyeron los cerca de $35 billones que el Estado debe girarle a Colpensiones para cumplir con el pago de las pensiones. “A mi juicio no hay lugar a estas alarmas porque no corresponden a la realidad. Con respecto a quienes se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado, esto no genera un hueco adicional, sino que, de hecho, sobran recursos para pagar esas pensiones”.
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Lo que dice Colpensiones
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, insiste en que los $5 billones suspendidos corresponden al pago de más de 25.000 personas que completaron su derecho pensional tras el traslado.
Según Dussán, esos pagos salen hoy del presupuesto de Colpensiones, y la decisión judicial “afecta notoriamente la sostenibilidad económica del régimen pensional”.
El directivo fue enfático al decir que “La plata debe girarse”. Y anunció que los 25.000 ciudadanos pensionados irán a las AFP a exigir, mediante tutelas o derechos de petición, que sus ahorros sean transferidos a Colpensiones.
Ante la escasez de liquidez inmediata, Colpensiones pactó con la Fiduprevisora la creación de un fondo para un pago “en papel” mientras se resuelve la situación judicial.
La pelea de fondo: ¿quién tiene la razón legal?
El choque entre Colpensiones y Asofondos no es solo de cifras. Es también un debate sobre qué dice la ley. Por eso, Velasco recuerda que la Ley 2381 establece que los recursos trasladados deben “ahorrarse y ganar rentabilidad”, no gastarse.
Además, esos fondos solo pueden moverse cuando exista el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que aún no ha sido creado porque la Corte Constitucional tiene en pausa la reforma pensional desde hace dos años.
“Estos son traslados excepcionales de una ventana de dos años, prohibidos bajo la Ley 100, y el destino de esos recursos, según la ley, es el ahorro”, explicó Velasco.
Dussán, por su parte, llamó a la Corte Constitucional a tomar una decisión sobre la Ley 2381. “Lleva dos años y tiene que resolver si está vigente en su totalidad, parcialmente, o si regresamos a la Ley 100. En todos los casos, cuando alguien se traslada y llena los requisitos, los recursos deben moverse”, afirmó.
Ante el fallo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones presentaron un recurso de súplica para levantar la suspensión provisional.
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