El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva línea de seguridad frente a las organizaciones armadas ilegales, sin distinción por su denominación o estructura, durante una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes, durante un encuentro con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, que todos los grupos armados ilegales serán tratados como terroristas por parte del Estado.
La decisión busca establecer una misma respuesta frente a estas organizaciones, independientemente de su nombre, estructura o forma de operación, y estará acompañada por acciones de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales.
Durante la reunión, el mandatario sostuvo que su Gobierno no establecerá categorías diferentes para las organizaciones armadas ilegales al momento de definir la respuesta estatal.
“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”.
La decisión plantea que las distintas estructuras armadas serán enfrentadas bajo una misma política de seguridad. En ese marco, el Gobierno contempla el uso de las capacidades militares y policiales para combatir a estas organizaciones y sus actividades.
El mandatario también señaló que no habrá un tratamiento diferenciado basado en la denominación que tenga cada grupo.
Entre las medidas anunciadas está la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, que reunirá las capacidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.
La instrucción busca coordinar a las instituciones para identificar y perseguir las estructuras dedicadas a la extorsión, incluyendo tanto a quienes ejecutan las amenazas como a las organizaciones que obtienen recursos mediante este delito.
La iniciativa se plantea como uno de los principales componentes operativos de la estrategia de seguridad presentada por el mandatario.
La aplicación de esta política estará acompañada por una instrucción de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. El presidente planteó que Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial Colombiana deberán actuar de manera conjunta frente a los grupos armados.
Desde la Presidencia se indicó que De la Espriella afirmó: “La Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera.”
La instrucción busca que las distintas instituciones desarrollen sus operaciones bajo una misma línea de acción, evitando diferencias entre entidades durante la ejecución de las medidas contra las organizaciones ilegales.
Como parte de esta política contra las estructuras criminales, el presidente ordenó la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión.
El organismo estará integrado por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con participación coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.
La unidad tendrá como propósito concentrar las capacidades de las instituciones para perseguir a las organizaciones responsables de extorsiones y afectar sus estructuras.
A esta medida se suma la reactivación del sistema de recompensas, los operativos de redadas y la red de cooperantes, herramientas que el Gobierno plantea utilizar para obtener información y avanzar contra las organizaciones criminales.
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El Gobierno anunció además la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, como parte de la respuesta institucional frente a las organizaciones criminales.
La intención es fortalecer la investigación y judicialización de estas estructuras, de manera articulada con las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública.
Dentro de la estrategia también se contemplan acciones contra las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales. En este punto, el presidente ordenó una mayor integración de la UIAF con la Policía y el sistema financiero, con el objetivo de identificar movimientos económicos relacionados con actividades criminales.
La definición anunciada por De la Espriella establece que las organizaciones armadas ilegales serán tratadas bajo una misma categoría dentro de la política de seguridad del Gobierno.
La estrategia combina la actuación coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía con mecanismos de investigación financiera y judicial para perseguir tanto a los integrantes de estas estructuras como las actividades que les permiten obtener recursos.
El presidente indicó que las próximas reuniones con las autoridades estarán orientadas a verificar la ejecución de las órdenes impartidas y no únicamente a realizar nuevos diagnósticos sobre la situación de seguridad.
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