La plazoleta de La Aguacatala ha sido por más de dos décadas ejemplo de vida alrededor de un complejo vial, a diferencia de otras infraestructuras de su estilo, como los puentes del Centro o el puente de Guayabal —solo por mencionar dos casos— que se convirtieron en invasiones de habitantes de calle y nidos de ladrones.
Más o menos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. los transeúntes ven negocios abiertos como panaderías y restaurantes e incluso existe un lavadero de carros que opera las 24 horas; igualmente existen almacenes de lujos para carros, talleres automotrices, expendios de licor, una academia de baile y hasta una venta de perfumes.
Le recomendamos leer: El sector de La Aguacatala donde casi no hay habitantes
Pero en este momento el también llamado intercambio vial Miguel Zapata Restrepo es centro de un pleito entre el Distrito, que busca recuperar el dominio de este espacio, y un particular, José Herlindo Giraldo, que lleva 23 años usufructuando los locales. En medio de ese litigio están los comerciantes que dicen haber actuado como “terceros afectados de buena fe”.
El contrato que le asignó el usufructo de esta área a Giraldo, y la posibilidad de que subarrendara, lo suscribió en 2003 la alcaldía de Luis Pérez, sin concurso y con vigencia de tres años. No obstante, cuando venció el término no firmaron ningún acta de cancelación y posteriormente, tras varios llamados, Giraldo se habría negado a devolver los locales. Por eso, durante el primer periodo del alcalde Federico Gutiérrez le entablaron una demanda de caducidad del contrato en 2018, la cual perdió la administración local porque, según el Juzgado 23 Administrativo, había sobrepasado el término de dos años después de la fecha de terminación, es decir, en 2008.
La Alcaldía apeló la sentencia en este segundo periodo de Gutiérrez y en febrero pasado el Tribunal Administrativo volvió a fallar en contra del Distrito por considerar que esa no era la vía para hacer valer su derecho; ahí mismo, el contencioso le señaló que lo correcto era emprender una acción civil ante una inspección de policía para buscar la restitución del bien. De ahí nació la querella que la Secretaría General instauró en agosto de 2025, en el marco de la cual se dio la audiencia de ayer.
Según la Alcaldía, en el proceso contra Giraldo se cometieron comportamientos “contrarias a la convivencia” como la apropiación de espacio público por parte de un privado e infracciones urbanísticas. Por ejemplo, inicialmente cuando le entregaron la plazoleta, eran 16 locales y estaba el compromiso de no cambiar la estructura, pero hoy día allí funcionan 26 negocios, lo que significa que habría intervenido haciendo subdivisiones para sacar mayor provecho.
Fuera de eso en algunos tramos se cambió el piso por materiales no adecuados para la seguridad de los transeúntes. Adicionalmente, de acuerdo con el concepto de profesionales de las secretarías de Planeación y Gestión y Control Territorial que participaron en la audiencia, ha habido ocupación del espacio público no autorizada mediante la instalación de mesas, sillas y cubiertas en la plazoleta.
El dictamen hecho después de las visitas oficiales indica que hoy día prácticamente ninguno de los negocios cumple con el POT vigente desde 2014, que determina que parte de este terreno de unos 8.000 metros cuadrados es exclusivamente para espacio público y otra parte para uso vial; pero aún aplicando la legislación que regía cuando se hizo el contrato, 10 de los locales la contravendrían, como una compra venta de vehículos, los talleres automotrices y de latonería y pintura; un montallantas, una venta de accesorios para autos, un nuevo local dispuesto en una zona común y hasta un espacio que está sirviendo para uso residencial.
También le sugerimos ver: Otra vez se incendio santuario de la virgen de La Aguacatala
Sobre esto último, resulta que Giraldo habilitó una especie de apartamento para su hermano. Al ser interrogado por EL COLOMBIANO, este dijo: “Pues si lo toman como residencial, yo lo tomo como de descanso para el celador, que es mi hermano. Él vive ahí, aunque ahorita no está (está hospitalizado)”.
También se le preguntó cuánto le paga a la Alcaldía y cuánto recibe él por el subarriendo, una respuesta que no dio. No obstante, el abogado Jairo Gómez, apoderado de siete de los comerciantes, aseguró que el pago mensual de este son cerca de $2’800.000 por todo, mientras que hay locales con canon de hasta $12 millones, que le entran a Giraldo.
Argumentos de uno y otro lado
De acuerdo con el abogado del Distrito, Felipe Gallego, Giraldo tendría facturas por pagar hasta agosto de 2025 que superan los $1.800 millones a favor del Municipio. Pero “el Distrito lo que quiere es recibir lo suyo, que son bienes de uso público”, dijo a la vez que añadió para sustentar la petición de desalojo que “la perturbación a la tenencia de esos espacios está vigente”.
Varios abogados de los comerciantes enfatizaron en la aparente contradicción de la Alcaldía cuando dice que el contrato caducó en julio de 2006 y no obstante le habría seguido recibiendo la cuota de arriendo a Giraldo hasta 2016. Giraldo sostiene que tiene recibos para comprobar que incluso pagó hasta 2020.
Además, para Carlos Andrés Monsalve, el abogado defensor de Herlindo Giraldo y de dos dueños de locales, si bien el contrato original caducó el 16 de julio de 2016, “sigue teniendo efectos jurídicos en el tiempo” porque no existe una cláusula de terminación. También aseguró que una inspectora de policía no es autoridad competente para decidir en este caso.
Entre tanto, el abogado Gallego enfatizó en que la Ley 80 de contratación pública no considera la renovación automática de los contratos de arrendamiento, como si suelen hacerlo los de particulares.
Debido a que en 2025 la Secretaría de Infraestructura le traspasó la administración de los locales de La Aguacatala a la Agencia APP, esa entidad participa en el proceso. Su abogado también refutó la supuesta vigencia de los efectos del contrato con Giraldo, aunque haya habido omisión de distintas alcaldías para hacer la cancelación.
Igualmente le puede interesar: ¿Porqué apareció gran cantidad de espuma sobre la quebrada La Aguacatala en El Poblado?
Comerciantes: “hay buena fe”
Los comerciantes y sus abogados reiteraron que su actuación en este caso fue de buena fe, pues no conocían los problemas del contrato de Giraldo con la Alcaldía. Adujeron que por eso no deben endilgarles supuestas infracciones urbanísticas y de ocupación del espacio público, pero tampoco desalojarlos sin ofrecerles otras alternativas. Una de ellas sería seguirle pagándole arriendo a la Alcaldía; la otra, que les ofrezcan un plan de reubicación.
Este martes la inspectora que lleva el caso les dio dos días para que pasen un informe de los trabajadores que dependen de cada establecimiento. Solo en el lavadero son 25, según el dueño.
Regístrate al newsletter