“Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”, dijo el mayor (r) Alejandro Espitia, quien también afirmó, en medio de una audiencia de la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aquellos asesinatos extrajudiciales tenían como fin mostrar “resultados operacionales”.
En total, 27 exintegrantes de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas y el Gaula Militar Meta, reconocieron su responsabilidad en 209 casos, además de otros 65 de desaparición forzada de civiles.
Según sus testimonios, se aliaron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para cometer los asesinatos. Es decir, reconocieron que desde el Estado trabajaron con organizaciones paramilitares.
La audiencia se hizo en presencia de las víctimas, quienes abrieron el evento recordando a sus familiares: la música que les gustaba, los consejos que les dieron, la poesía que escribían antes de haber sido víctimas del conflicto. Sus nombres.
Aquel ejercicio de memoria dio paso al de reconocimiento y perdón.
“El perdón creo que no lo merezco porque ningún reconocimiento, ninguna palabra reparará el dolor tan grande que ocasioné a estas humildes familias campesinas. Perdí el rumbo de mis principios, mis valores y mi humildad. Las porté (las medallas que recibió) sin importar el dolor que causé a las familias. Saqué pecho porque éramos el batallón que más resultados mostraba, lo cual no era sino asesinatos de jóvenes inocentes”, añadió el mayor.
En su testimonio, reconoció en nombre de él y de sus compañeros que realizaron los asesinatos buscando reconocimiento y cumplir con las metas.
Por cada informe que presentaban como positivo recibían “permisos, días adicionales de descanso, felicitaciones públicas que quedaron consignadas en órdenes del día y en sus folios de vida, medallas y diplomas, planes vacacionales, postulaciones y comisiones al exterior”, tal y como lo determinó el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli.
Al escuchar esto, las víctimas aseguraron que una de las cosas que consideran más imperativas es el reconocimiento de que sus familiares no eran guerrilleros. Su petición fue escuchada y reconocida por los exmilitares. Otro de los exlíderes del batallón fue quien tomó la voz.
El sargento (r) Edwin Londoño reconoció que en algún punto la vida dejó de tener valor para ellos y asesinaron a civiles, no a guerrilleros.
“Mientras las familias sufrían la pérdida de sus seres queridos, nosotros recibíamos reconocimientos por resultados que eran ilegítimos y criminales. Nosotros les arrebatamos la vida y causamos un daño irreparable a quienes los amaban”, dijo.
El teniente (r) Sergio Carreño añadió: “Poco a poco se fueron normalizando situaciones profundamente ilegales y contrarias a la vida y la dignidad humana. En medio de la presión por mostrar resultados, de los reportes operacionales y de la dinámica diaria de la guerra, se perdieron límites que nunca debieron cruzarse”.
Sus testimonios fueron escuchados en silencio. Sus disculpas fueron aceptadas. Pero, más allá del perdón, las familias dejaron en claro que aquel acto, palabras y responsabilidades eran la prueba de que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, no son un mito: son una realidad de la historia colombiana.
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En nombre de las víctimas habló Raquel Benavidez. Ella aseguró:
“Como madres, nos duele profundamente que todavía haya personas que nieguen lo que sucedió. Por eso exigimos respeto por su memoria. Ellos no eran números ni estadísticas. Eran hijos con nombre, con historia, con familia, con una madre y un padre que los ama y los esperaban en casa con los brazos abiertos”.
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