El 11 de noviembre de 2007, de una casa ubicada en la vereda El Cuchillón de Dabeiba, Occidente antioqueño, sacaron a la fuerza a Gabriel Eberto Pérez Nieto, un campesino en condición de discapacidad. Según relata su hermana, Jaquelina, él estaba acostado en su cama cuando de repente varios militares entraron a la propiedad y se lo llevaron. Ese día, dice ella, lo desaparecieron y dieron de baja.
Casi 20 años después, sus parientes, quienes aún tienen la esperanza de recuperar sus restos, llegaron al Museo Casa de la Memoria de Medellín para participar de la audiencia pública de verificación que adelanta la JEP, correspondiente a los casos 03 y 04 que abordan los crímenes de guerra cometidos en el noroccidente del departamento y vinculados al Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde destaca el caso de Gabriel y de otras 34 personas asesinadas en este municipio y en Ituango entre 1997 y 2007, presentadas falsamente como bajas en combate.
El propósito central de esta diligencia que se realiza hoy jueves 25 de junio y continúa mañana viernes 26, es verificar que se hayan cumplido los compromisos y las exigencias institucionales previas a la emisión de una sentencia definitiva para siete antiguos integrantes del Ejército, quienes asumieron su responsabilidad y aportaron a la construcción de la verdad respecto a los asesinatos y las desapariciones forzadas.
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Los comparecientes involucrados en esta etapa de juicio son el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, los mayores retirados Efraín Enrique Prada Correa, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento primero retirado Jaime Coral Trujillo, el sargento viceprimero retirado Fidel Iván Ochoa Blanco, y el sargento segundo retirado William Andrés Capera Vargas.
Si bien había un octavo uniformado implicado en el caso, el sargento retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, tras la investigación de la JEP se determinó que este no reunía las condiciones jurídicas específicas para ser catalogado como uno de los máximos responsables de los crímenes cometidos, por ende su expediente se desvinculó de la sección y se remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La importancia de este encuentro radica en el diálogo, uno que rompe con el esquema penal tradicional al reunir en un mismo espacio a las víctimas directas, las comunidades afectadas, los responsables de la fuerza pública, varias autoridades territoriales y entidades públicas y privadas.
“Es un respiro saber que después de tantos años se empieza a hacer justicia. Él no era guerrillero, era una persona discapacitada que no se podía valer por sí mismo y lo mataron para luego hacerlo pasar por falso positivo”, dijo Jaquelina.
Durante el desarrollo de las audiencias, los magistrados evalúan el testimonio de cada uno de los comparecientes, quienes deben ratificar su voluntad de enmienda y detallar la transformación personal e institucional que han experimentado a lo largo de su proceso.
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