A través de una serie de mensajes en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar a la Fiscalía por llamarlo a indagatoria, por las masacres del Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle, sin “haber practicado pruebas”.
“La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”, escribió el exsenador en un primer mensaje.
En otro trino confirmó que la Fiscalía lo citó a indagatoria para el 24 de julio, pero “sin practicar las pruebas que ella decretó”.
Añadió: “El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”.
En un tercer mensaje, Uribe afirmó: “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.
El llamado a indagatoria al expresidente Uribe, para que aclare los señalamientos en su contra por las masacres en Ituango y la muerte del defensor de DD. HH. Jesús María Valle, ha puesto de nuevo sobre la mesa algunos de los más graves crímenes que ha dejado el conflicto armado en Antioquia.
De acuerdo con la información consignada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado colombiano por la complicidad y omisión de sus obligaciones en estos hechos, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996.
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Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad.
Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares.
Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte.
Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.
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La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá.
El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes.
En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales.
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En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.
Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.
El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos.
Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador.
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En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”.
Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados.
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